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En pocos años, la inmigración ha transformado la cara de España y buena prueba de ello se verá en las elecciones del 9 de marzo, cuando el reparto de escaños por circunscripciones cambiará debido a la gran implantación de los inmigrantes en algunas provincias. Paradójicamente, muy pocos podrán votar. Saber más
El PSOE dedica un capítulo de su programa a la "inmigración vinculada al empleo" y para ello propone agilizar tanto la concesión de permisos de trabajo como la expulsión de clandestinos. También promete más dureza contra las mafias.
El Partido Popular se centra en "conseguir la plena integración de los inmigrantes", y para ello propone firmar con ellos un contrato a la hora de renovar sus papeles. Destaca su apuesta por las agencias privadas de contratación en el extranjero.
Izquierda Unida propone el derecho de voto para todos los extranjeros (con dos años de residencia legal) y rechaza la devolución de inmigrantes a países donde no se respetan los derechos humanos.
CiU pide el traspaso de competencias sobre inmigración a Cataluña y propone vincular la obtención del permiso de residencia permanente en la comunidad al conocimiento del catalán y el respeto de la igualdad entre sexos.
ERC propone que la nacionalidad española se adquiera tras cinco años de residencia, frente a los diez actuales. Pide la transferencia de competencias a Cataluña y la creación en el Congreso de una subcomisión de inmigración.
Aunque el PNV no lleva ninguna propuesta específica sobre inmigración en su programa, rechaza la idea del contrato para inmigrantes planteado por el PP. El PNV cree que este tipo de medidas corresponden a una política "reaccionaria" basada en el "miedo".
Coalición Canaria plantea que los extranjeros irregulares no se beneficien de las ventajas de la inscripción en el padrón, eliminar el visado de búsqueda de empleo y establecer un debate periódico en el Congreso sobre la cuestión.
El BNG plantea intensificar la cooperación con los países en crisis para contener la inmigración, garantizar el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de los extranjeros y garantizar el derecho a la integración.
Aboga por la "ilegalización de todo tipo de organizaciones que promuevan actitudes racistas y xenófobas" y por una reforma de la Ley de Extranjería que garantice la plena ciudadanía a los inmigrantes.
Recoge una serie de políticas para fomentar la integración y la igualdad real de este colectivo como el incremento de las prestaciones económicas y de servicios especializados.
Promete poner fin, en la medida más amplia posible, a las situaciones de irregularidad y clandestinidad de los inmigrantes, que según los nacionalistas navarros propician su falta de integración social.
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