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En vísperas de las elecciones generales, José Luis Rodríguez Zapatero ha modificado notablemente el discurso sobre su política terrorista que ha mantenido en los últimos cuatro años. Tras el asesinato de dos guardias civiles en Francia, el pasado 1 de diciembre, el presidente aseguró que "hoy más que nunca los terroristas deben saber que todos estamos unidos contra ellos". Su posición está ya muy alejada de la que mostró en algunos momentos de la legislatura, cuando se mostraba convencido de que el fin del terrorismo estaba cerca. Sobre la posibilidad de reabrir el proceso de diálogo con los etarras, Rodríguez Zapatero ha dejado claro en la precampaña electoral que no está dispuesto a hacerlo. También ha impulsado medidas legales para sacar del juego político a las formaciones que apoyan a ETA. Saber más
Tras el fracaso de las negociaciones sostenidas durante esta legislatura, el PSOE asegura que no volverá a conversar con ETA. Aboga por el consenso político y la firmeza policial y judicial para terminar con el terrorismo, que ha dejado cuatro muertos.
No hay lugar para conversaciones mientras los terroristas no se disuelvan. Propone la exclusión de las instituciones públicas de cualquier partido que no condene la violencia y reclama el cumplimiento íntegro de las penas para los terroristas.
Considera que es necesario emplazar formalmente a ETA para que deje las armas. Propone actualizar la resolución parlamentaria que autoriza los contactos y que se condicione todo diálogo a la ausencia de violencia. Pide la derogación de la Ley de Partidos.
Tradicionalmente, la postura de CiU ante el terrorismo es de condena clara de la violencia. La formación política catalana apoyó a Zapatero en la negociación con ETA y, ahora, pide que se restaure el consenso de todos los partidos frente al terrorismo.
Esquerra condena la violencia, pero se opone a la Ley de Partidos, pues considera que recorta las garantías democráticas. En su opinión, se debería haber intentado la incorporación de organizaciones que apostaban por las armas a la vida pacífica.
El PNV, que condena la violencia, apuesta por el diálogo y la capacidad del País Vasco para tomar sus propias decisiones en el proceso de "normalización". Al tiempo, exige la restauración de la "igualdad democrática" y que se legalice Batasuna.
A pesar de que Coalición Canaria apoyó al Gobierno de Zapatero en la negociación con ETA, este partido ha mostrado reservas hacia este proceso y ha denunciado las contradicciones que se han dado en el Ejecutivo socialista a la hora de explicarlo.
El Bloque Nacionalista Galego confía en el diálogo como vía para la solución del conflicto, si bien se opone contundentemente a la violencia. Cree que la banda terrorista ETA debe desaparecer y solo así podrá haber diálogo con el Gobierno.
Chunta Aragonesista quiere impulsar el consenso entre todos los partidos en lo referente a la lucha antiterrorista, para lo que ve necesario la derogación de la Ley de Partidos en lo referente a la ilegalización de formaciones políticas como ANV y PCTV.
EA defiende la necesidad de negociar con ETA el final de la violencia, aunque considera que la negociación política debe desarrollarse entre los actores políticos que ejercitan una representación popular. Pide la derogación de la Ley de Partidos.
Nafarroa Bai se opone a la violencia y exige a ETA que deje las armas. Sin embargo, los nacionalistas navarros se oponen a la ilegalización de los partidos del entorno abertzale y reclaman su derecho democrático a participar en la vida política.
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