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Las comunidades aplauden la liquidez y aceptan la disciplina presupuestaria

18 ene 2012

El conjunto de los consejeros autonómicos ha manifestado su satisfacción por las medidas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa en su primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para garantizar liquidez a las Comunidades Autónomas, y se han comprometido con el objetivo de estabilidad presupuestaria. La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha reconocido estar "muy satisfecha" con el "máximo consenso" existente en torno a la futura ley de estabilidad presupuestaria, aunque en Los desayunos de TVE ha recordado que aún "hay que ver la letra pequeña". La consejera andaluza ha indicado que las cuentas de su comunidad son claras y están auditadas cada tres meses por las agencias de calificación. Acerca del posible vuelco electoral con el triunfo del PP, ha señalado primero que "no van a ganar" y segundo que "no se van a encontrar con ningún susto" o con facturas sin contabilizar en los cajones. El consejero valenciano, José Manuel Vela, ha afirmado en TVE que la Comunidad Valenciana incurrirá en déficit en 2011 pero que en 2012 "cumplirá su objetivo de déficit". Vela ha aclarado que su comunidad "no fue rescatada" sino que sufrió "tensiones de tesorería" a fin de año. Ha reconocido que "no supieron prever los efectos que iba a tener la crisis financiera" y que contaban con elementos coyunturales como si fueran estructurales, en referencia al crecimiento basado en el ladrillo. El consejero madrileño, Percival Manglano, ha pedido cambios en leyes nacionales que condicionan el gasto sanitario, educativo y social de las CC.AA. Ha puesto como ejemplo el decreto que fija el precio de los medicamentos cuya revisión no está actualizada y obliga a incrementar el gasto. Afirma que el Gobierno "es receptivo" a estas peticiones e insiste en que Madrid sigue estudiando la bajada del tramo autonómico del IRPF para estimular la economía. Manglano recuerda que desde el inicio de la crisis la Comunidad que preside Esperanza Aguirre ha pasado de 14 consejerías a ocho, ha eliminado más de 20 direcciones generales y más de 100 organismos autónomos. Insiste en que la ley de estabilidad presupuestaria "es de obligado cumplimiento para todos" y que "las excepciones de unos son los esfuerzos añadidos de otros".

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