Desamortización de Madoz

La desamortización española fue un largo proceso histórico, económico y social que se desarrolló desde finales del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX. Consistió en la expropiación y venta por parte del Estado de los terrenos en poder de las llamadas "manos muertas" -fundamentalmente la Iglesia y los municipios- porque las tierras que detentaban estaban mal cultivadas y al margen del mercado, ya que no se podían vender, hipotecar, o ceder y --además-- no tributaban a la Hacienda Real por los privilegios de sus propietarios.
La desamortización más conocida es la de Mendizábal (entre 1837 y 1844), que expropió y vendió las propiedades de los monasterios. Pero quizá la más importante haya sido la de Pascual Madoz, iniciada en 1855. Como explica Luís Gil, ingeniero de montes y miembro de la Real Academia de Ingeniería, completó la desamortización eclesiástica y acometió la expropiación de los bienes estatales y municipales, especialmente las tierras comunales. Con esta medida se quería paliar la desastrosa situación económica del país tras la pérdida de las colonias, el boato de la corte isabelina y sus corruptelas, un ejército con más oficiales que tropa mantenido por las guerras carlistas y unos intereses disparados por la deuda.
La Desamortización de Madoz puso en circulación cientos de miles de fincas rústicas (muchas de ellas forestales o con fuerte presencia forestal), especialmente encinares y alcornocales, muy apreciados por los posibles compradores. Entre los terrenos que no pasaron a manos privadas --por interés de la reina Isabel II-- figuran los montes de El Pardo y de Valsaín.
La desamortización no supuso el ingreso económico que se esperaba, porque la expropiación forzosa y la puesta en venta masiva y obligatoria de tierras provocaron el descenso de los precios. Además, el proceso estuvo salpicado de especulación y corruptelas en las que llegaron a estar implicados destacados personajes como el general Serrano, entonces regente del Reino. Los grandes perjudicados fueron los ayuntamientos, que se vieron descapitalizados y el Estado, que perdió buena parte de su patrimonio forestal (4,5 millones de hectáreas).