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Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido múltiples demandas en contra de sus nuevos decretos. Trump mantiene un pulso con los jueces y sus constantes desafíos a la justicia podrían iniciar una crisis constitucional en EE.UU.

Una jueza estadounidense ha bloqueado la orden ejecutiva dictada por el presidente de EE.UU. contra las personas transgénero en las fuerzas armadas del país. La demanda había sido presentada por seis miembros en activo y dos personas que querían alistarse, alegando que esa orden violaba sus derechos constitucionales. Otro juez le ha dicho a la Administración Trump que no puede desmantelar la Agencia de Cooperación al Desarrollo. No obstante, hay miles de operaciones canceladas en el extranjero.

Las deportaciones de Trump han evidenciado el mayor choque institucional entre el poder ejecutivo y el poder judicial. El actual presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, James E. Boasberg, ordenó paralizar las deportaciones de 300 venezolanos a El Salvador, pero la Casa Blanca hizo caso omiso del fallo.

En Estados Unidos se preguntan si Donald Trump ha violado deliberadamente la orden de un juez. El presidente de Estados Unidos ha pedido un impeachment contra este magistrado. La situación es tan insólita que hasta el presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, le ha recordado a Trump que si no está de acuerdo con el fallo de juez lo que debería de hacer es apelarlo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto este miércoles a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina de los delitos de estafa agravada en el caso mascarillas, y condena al primero a tres años y ocho meses de cárcel y a una multa millonaria por fraude a Hacienda y falsedad en documento oficial.

Los magistrados condenan a Luceño por un delito contra la Hacienda Pública a la pena de tres años de prisión y al pago de una multa de 3,5 millones de euros, así como a indemnizar a la Agencia Tributaria con la cantidad de 1,35 millones. Y a ocho meses prisión y multa de 12.000 euros por falsedad en documento oficial. Sobre el delito del que han sido absueltos, el tribunal considera que no engañaron al Ayuntamiento de Madrid porque no hay pruebas de que ocultaran que se iban a llevar 6 millones de euros en comisiones.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto este miércoles a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina de los delitos de estafa agravada y falsedad documental, en el caso sobre la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en pandemia por la que cobraron seis millones de euros.

No obstante, ha condenado a Luceño por fraude a Hacienda y falsedad en documento oficial.