Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido la dimisión del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Supremo le haya imputado por un presunto delito de revelación de secretos por el caso del novio de Ayuso: "Debería dimitir esta mañana, no puede seguir ni un minuto más contaminando todo lo que hace la fiscalía en nuestro país", ha señalado la portavoz de los 'populares'.

Gamarra ha recordado que el Estatuto fiscal exige a García Ortiz el "principio de legalidad y neutralidad" en su mandato, por lo que los conservadores piden su dimisión dos días después de anunciar una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Preguntada por las declaraciones del Ursula von der Leyen sobre política migratoria, Gamarra ha respondido que "Europa se está moviendo y España debería moverse al mismo tiempo que se mueve Europa".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el "señor uno" de la trama Koldo, a lo que el jefe del Ejecutivo le ha reprochado que no le habla de "tapar la corrupción", pues ha alegado que su Gobierno y su formación ha actuado de manera bien "distinta" a cómo lo hacen los 'populares' cuando les afecta a algún caso. Ha sido este miércoles durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

Además, Feijóo le ha exigido a Sánchez que se marche "ya", mientras que el presidente le ha recordado al PP que "de la A de Ayuso a la Z de Zaplana, tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario".

FOTO: EFE/ J.J. Guillén

Condena de 10 años de cárcel y más de 25 millones de euros de multa para el exministro 'popular' y expresidente valenciano Eduardo Zaplana por el llamado caso Erial, el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. El Tribunal le considera autor de cuatro delitos de corrupción.

La sentencia considera probado que Zaplana adjudicó a dedo a empresas de los hermanos Cotino los contratos de las estaciones de ITV y de los parques eólicos de la Comunidad Valenciana y que percibió comisiones ilícitas por ello.

El Tribunal considera también que era el titular real de los fondos de las cuentas de Luxemburgo y Andorra a nombre de su amigo de la infancia y testaferro confeso, Joaquín Barceló. 

El Senado ha votado este lunes en contra de la ley que convalida penas cumplidas en otros países europeos y de la que se beneficiarían presos de ETA, por lo que devuelve el proyecto de ley al Congreso. Ignacio Álvarez, profesor Derecho Constitucional de la UCM, considera que este proceso es correcto "desde el punto de vista procedimental", aunque no sea algo habitual: "El hecho de que no se haya utilizado no significa que sea ilegal o inconstitucional en último término. La actuación, basada en los informes de los letrados del Senado, es perfectamente lícita". Una vez se lleve a cabo el procedimiento en el Congreso, el profesor cree que se acabará aprobando.

Insiste, por tanto, en la legitimidad del proceso porque se ampara en la Constitución. "La autonomía parlamentaria de cada una de las Cámaras: tienen la capacidad de aprobar cualesquiera proyecto o, siempre y cuando el ordenamiento lo reconozca, de vetarlo. El reconocimiento del veto a las leyes por parte del Senado de las que provengan del Congreso está también establecido a nivel constitucional", concluye.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha criticado este martes el bono alquiler que pretende impulsar el Gobierno en La Hora de La 1. Considera que "solo sirve para incrementar la burbuja de los precios inmobiliarios". Además, tras su reunión con el líder del PP, Núñez Feijóo, este lunes ha indicado que no ve a los populares "muy en la labor para reducir la jornada laboral" y que están analizando sus medidas de conciliación. "A mí me parece bien que el PP se sienta interpelado a hablar de estas cosas", ha dicho Sordo, que cree que España necesita "pactar una gran estrategia de cuidados".

Foto: EFE/Xoán Rey

"Cada vez se hace más política en los tribunales y menos en los parlamentos". Así se ha referido el magistrado y exportavoz de Jueces y Juezas por la Democracia, Joaquim Bosch, en una entrevista en La Hora de la 1 cuando ha sido preguntado por la querella presentada este pasado lunes por el Partido Popular contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias relacionados con el 'caso Koldo'. 

Una anuncio que reúne una serie de problemas, ha declarado el magistrado, para que la causa salga adelante. El principal, a su juicio, es "la falta de requisitos subjetivos y objetivos para que puedan abrirse unas diligencias". El PP se basa en las publicaciones del digital The Objetive acerca de un empresario que acudía a Ferraz con dinero a cambio de favores políticos. Empresario y favores políticos que no han sido identificados. Una serie de elementos que, en opinión de de Bosch, dificultan que se cumplan los objetivos jurisprudenciales "para que pueda incoarse un procedimiento penal".

"Hay una judicialización constante de todo con un espacio mediático como complemento de las acciones en los juzgados que está impregnando de manera muy intensa el debate político", concluye.

"Cada vez se hace más política en los tribunales y menos en los parlamentos". Así se ha referido el magistrado y exportavoz de Jueces y Juezas por la Democracia, Joaquim Bosch, en una entrevista en La Hora de la 1 cuando ha sido preguntado por la querella presentada este pasado lunes por el Partido Popular contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias relacionados con el 'caso Koldo'. 

Una anuncio que reúne una serie de problemas, ha declarado el magistrado, para que la causa salga adelante. El principal, a su juicio, es "la falta de requisitos subjetivos y objetivos para que puedan abrirse unas diligencias". El PP se basa en las publicaciones del digital The Objetive acerca de un empresario que acudía a Ferraz con dinero a cambio de favores políticos. Empresario y favores políticos que no han sido identificados. Una serie de elementos que, en opinión de de Bosch, dificultan que se cumplan los objetivos jurisprudenciales "para que pueda incoarse un procedimiento penal".

"Hay una judicialización constante de todo con un espacio mediático como complemento de las acciones en los juzgados que está impregnando de manera muy intensa el debate político", concluye.