El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial. En 'Las Mañanas de RNE' hablamos con Andrés Góngora, responsable Relaciones Laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) sobre cómo afectaría esta reducción en el campo. "No rechazamos el avance, creemos que puede ser positivo, pero falta ver cómo se puede adaptar al sector agrario". Góngora explica que los cultivos y los animales tienen unas determinadas necesidades y, por ello, "la ley general tiene que dejar margen para que en los convenios se pueda flexibilizar la jornada laboral". El responsable de COAG dice que echan de menos "tener un marco de interlocución dentro del Ministerio de Trabajo" y asegura que, si hay un aumento de los costes, tiene que haber un aumento de precios: "Vamos a pedir a los supermercados que hay que revisar los contratos". Sin embargo, no cree que la inflación se vaya a ver sometida a vaivenes por esta reforma. "Lo que mueve el precio de los consumidores tiene más que ver con estrategias de la distribución alimentaria", asegura Góngora.
El líder de VOX en Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha dimitido y abandona la política. En una carta cargada de reproches, asegura que toma la decisión por "discrepancias" con Abascal. Hablamos en el informativo 24 Horas con Carlos Martínez, secretario general electo del PSOE de Castilla y León, y alcalde de Soria sobre lo sucedido: "A García-Gallardo le han administrado una dosis de su propia medicina. Es un personaje que nada ha aportado a la política de la comunidad". Ahora se abre un tiempo nuevo en la política de Castilla y León, el secretario socialista coge las riendas del partido y se pronuncia sobre un adelanto electoral y la oportunidad de que Mañueco se abra hueco: "Yo creo que está cómodo viendo pasar el desarrollo de su gestión con una inestabilidad que ni intenta corregir", ha declarado Martínez y recalca: "Me considero 'sanchista' en el escudo social que estamos propiciando. Hay que corregir la deriva de permanencia eterna en los problemas que tiene Castilla y León durante más de 40 años".
Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ahora encargado de recortar la Administración, envío el pasado sábado un equipo a registrar las oficinas de la agencia de ayuda internacional, USAID (por sus siglas en inglés). Varios jefes de la agencia intentaron impedir que abrieran los cajones de la agencia, que guardan documentos clasificados. Al poco rato, la Administración canceló la operación. Musk confirmaba en su red social los peores temores: quieren cerrar la agencia.
Trump ya había congelado la gran mayoría de la ayuda internacional. La agencia es el mayor donante del mundo y un instrumento de la política exterior de Estados Unidos, pero ahora es un blanco de los recortes y sus trabajadores son solo algunos de los muchos que están despidiendo en toda la administración pública.
El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y hasta ahora dirigente de Vox en esta Comunidad, Juan García-Gallardo, ha presentado este lunes su dimisión de todas sus responsabilidades en el partido por "discrepancias" con la dirección nacional. Como les ha ocurrido a otros cargos del partido, García-Gallardo se va entre críticas a la cúpula, a la que acusa de injerencias y falta de pluralidad.
Desde Vox reconocen que su marcha es una sorpresa, pero que no les aparta de su objetivo. El portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, acusa al grupo en esta Comunidad de socavar la formación.
Foto: EFE/ Wifredo García Álvaro
Los movimientos populistas, como el que ha llevado nuevamente a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, no solo enfrentan a la ciudadanía con las élites políticas, sino que también dirigen sus críticas hacia las élites académicas. Este fenómeno, conocido como populismo científico, ha encontrado en los últimos años figuras representativas como el propio Trump, quien ha defendido que el "instinto natural" y el "sentido común" de la gente común son superiores al conocimiento científico, al que ha calificado de "inútil".
Sin embargo, en España, estas ideas tienen poca aceptación. Según la primera encuesta sobre populismo científico en el país, realizada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y publicada este viernes, solo el 3,6% de la población encuestada alcanza los valores más altos en la escala de populismo, mientras que el 71,4% se encuentra en la mitad inferior y un 25% en un punto intermedio.
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En el estudio de “La España vivida” recibimos en esta ocasión a una catedrática de Derecho Constitucional que junto a esta especialidad y titulación tiene otra muy específica, la de catedrática Jean Monnet ad personam. Si se acude a Wikipedia para encontrar una definición canónica de esta última nos encontraremos con que se trata de “puestos docentes especializados en estudios de la Unión Europea para profesores universitarios y profesores colaboradores”. Y también se nos explica que son “cátedras universitarias otorgadas por la Comisión Europea”. Nos acompaña, en suma, una docente universitaria con una doble especialidad, que responde a los dos máximos anhelos de la sociedad española de los últimos decenios, los de asentar un sistema democrático y constitucional, por una parte, y hacerlo en estrecha conexión con los países de nuestro entorno, los de la vieja Europa. Nuestra invitada es Teresa Freixes, viajera del derecho por medio mundo, con una larga lista de participaciones en las Universidades de próximos y lejanos confines, y al mismo tiempo muy apegada al territorio, a su territorio, que en este caso es, yendo de menor a mayor, el de Lleida, el de Catalunya y el de España. A unos y otros ha dedicado varios libros, el último de los cuales tiene un título muy significativo, el de “En defensa de la Transición”, en el que reivindica aquella etapa histórica, de la que ya nos separan más de cuatro decenios, casi cinco. Nos interesa el análisis, testimonio y balance que Teresa Freixa pueda hacer de este período, como experiencia vital y académica, y conocer los motivos por los que ha creído necesario salir en defensa de cómo pudo llevarse a cabo el tránsito de la dictadura a la democracia. ¿Fue la Transición un experimento político y social exitoso o, por el contrario, dejó muchos cabos sueltos?
El Gobierno y Junts pactan que el Congreso tramite la iniciativa de los independentistas para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. A cambio, los de Puigdemont apoyarán un nuevo decreto con las pensiones y otras medidas sociales.
Es un nuevo decreto que recupera la subida de las pensiones, también el salario mínimo y otras medidas sociales que decayeron la semana pasada, como las ayudas al transporte o a los afectados por la dana. El Ejecutivo ha negociado in extremis con los de Carles Puigdemont hasta minutos antes de arrancar la reunión en la Moncloa.
El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha lamentado este martes que el Gobierno dependa "más que nunca del señor Puigdemont", tras el acuerdo anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, con Junts para sacar adelante un nuevo decreto con la subida de las pensiones, las ayudas al transporte y otras medidas sociales.
Sémper ha acusado a Sánchez de plegarse al líder independentista y de buscar su "beneficio" personal al decidir no apoyar las iniciativas parlamentarias populares con algunas de estas medidas. "El ofrecimiento del PP era claro, diáfano, no hacía falta someter al país a este vodevil", ha dicho.
Foto: Gabriel Luengas / Europa Press
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo real decreto ley con parte de las medidas de decreto 'ómnibus' que la oposición rechazó la semana anterior en el Congreso de los Diputados. Así lo ha informado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha asegurado que el nuevo texto incluye la "práctica totalidad" del escudo social tras una "larga negociación" con Junts.
Entre las 29 medidas (en el anterior eran 80), se incluye la subida de las pensiones, las ayudas al transporte público y a los afectados por la dana. Se suma en esta ocasión la creación de un sistema público de avales para propietarios e inquilinos. "Son medidas necesarias, pero sobre todo son buenas para el país", ha afirmado.
Foto: Gustavo Valiente / Europa Press
