La Fiscalía brasileña ha denunciado este lunes al presidente, Michel Temer, por corrupción pasiva, cargo que solo será aceptado tras un análisis del Supremo y con el aval de la Cámara Baja, informaron fuentes oficiales. El primer análisis de la denuncia será hecho por el juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá luego si la remite a la Cámara Baja, que tendrá la última palabra sobre el asunto por normas constitucionales, según las cuales Temer será suspendido de sus funciones por 180 días si fuera aceptada.
Es la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder es acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal, como es el caso. En medios políticos y jurídicos esta denuncia se daba como un hecho, sobre todo porque el fiscal general, Rodrigo Janot, adelantó la semana pasada su convicción de que Temer "recibió ventajas ilícitas" del grupo JBS, que supuestamente negociaba su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures, hoy en prisión por ese mismo asunto. El mismo convencimiento ha mostrado la Policía Federal, a cargo de las investigaciones y que en un informe preliminar entregado la semana pasada al Supremo sostuvo que existen "serios indicios" de que el mandatario incurrió "con vigor" en prácticas corruptas.
En otro informe entregado este lunes, la Policía Federal concluye que Temer también intentó "obstaculizar investigaciones" y "dejó de comunicar a las autoridades" las maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento, lo que pudiera generar otras denuncias.
El ex primer ministro francés Manuel Valls, reelegido el pasado día 18 en las elecciones legislativas, ha anunciado este martes que deja el Partido Socialista (PS) tras 37 años de militancia y que se sitúa en la mayoría parlamentaria del nuevo presidente, Emmanuel Macron.
En una entrevista a la emisora de radio "RTL", Valls ha asegurado que con la secuencia electoral de esta primavera "pasa página". "Acaba una parte de mi vida política. Dejo el Partido Socialista o el Partido Socialista me deja", señaló antes de contar que había entrado en esa formación hace 37 años cuando preguntó a uno de sus dirigentes, Bertrand Delanoe, "si un joven español, porque era español entonces (Valls nació en Barcelona), podía afiliarse, y me dijo que sí".
"Constato con mucha tristeza, con mucha amargura -añadió- en qué se ha convertido el PS. Ahora sólo quiero una cosa, el éxito del quinquenio y el éxito de Francia".
Preguntado sobre dónde se situará en la Asamblea Nacional, que este martes por la tarde celebra el primer pleno de la legislatura, ha respondido que "en la mayoría" de Macron, y que votará la próxima semana la moción de confianza para el Gobierno del primer ministro, Edouard Philippe.
Ha considerado "una posibilidad" entrar en el grupo de La República en Marcha, el partido del jefe del Estado, aunque también en el que constituyan los radicales de izquierda, pero a condición de formar parte de la mayoría presidencial.
La Misión de la ONU en Colombia ha anunciado este lunes que ya ha almacenado las 7.132 armas individuales de las FARC, un día antes del acto en el que se dará por concluido el proceso de desarme de esa guerrilla.
En Portada aborda la división en Turquía entre partidarios y detractores del presidente Erdogan, un Estambul de relojeros en que el inexorable paso del tiempo afianza las dos Turquías, la tradicional que mira a Oriente y la más juvenil y moderna que se asoma a Occidente.
El Tribunal Supremo de EE.UU. ha decidido permitir la aplicación de forma parcial del veto migratorio de Donald Trump, que prohíbe la entrada en territorio estadounidense de refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana, y analizará la polémica norma a fondo este otoño para dilucidar si viola o no la legalidad [ver la declaración del Supremo en inglés].
Trump ha celebrado que la Corte Supremo haya tomado la decisión de forma unánime y ha afirmado que la aplicación del veto migratorio a seis "países propensos al terrorismo" es "una herramienta importante para proteger" a los Estados Unidos. "Como presidente no puedo permitir que entre gente en nuestro país que quiere hacernos daño", señala el comunicado.
El tribunal establece una importante excepción: la prohibición "no podrá aplicarse a ciudadanos extranjeros que tenga una relación creíble 'bona fide' con personas o entidades en Estados Unidos", es decir, algún vínculo con el país a nivel familiar, laboral, educativo o de otro tipo.
Esta decisión, tomada de forma unánime, implica que el Gobierno de Trump puede imponer una prohibición de 90 días a los viajeros de Libia, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Yemen y una prohibición de 120 días a todos los refugiados que ingresan a EE.UU. con la excepción señalada por el tribunal, por lo que a partir de 72 horas se podrá negar la entrada al país de los individuos que no tengan familiares en territorio estadounidense o que no hayan tramitado ya su ingreso para trabajar.
La primera versión del veto migratorio fue proclamada el 27 de enero y tuvo que ser sustituida por una segunda versión, bloqueada también por la Justicia. El segundo decreto, a diferencia del anterior, dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre los refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.
Dos tribunales de apelaciones suspendieron las partes más importantes de la orden presidencial y por eso la Casa Blanca apeló al Supremo. Ahora, la decisión del máximo tribunal es una victoria para Trump, a la espera de que el caso se resuelva a partir de este otoño.
El Gobierno británico ha avanzado este lunes que planea expedir un nuevo documento de identificación para que los ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido puedan justificar sus derechos adquiridos ante empresas y organismos públicos. La primera ministra, Theresa May, ha detallado en el Parlamento que los comunitarios que ya están en el país o lleguen antes de una fecha límite, todavía por determinar, optarán a mantener sus derechos "como si fueran ciudadanos británicos" tras el Brexit
May adelantó a los líderes europeos en Bruselas la semana pasada que el Reino Unido prevé otorgar la condición de "afincado" permanente a aquellos comunitarios que hayan residido al menos cinco años en el país, lo que les dará acceso al mercado laboral, el sistema sanitario, las prestaciones sociales y las pensiones. Aquellos que hayan llegado antes de la fecha de corte -que se establecerá previsiblemente entre marzo de 2017 y marzo de 2019-, podrán permanecer los cinco años necesarios para adquirir esos derechos. En un documento publicado este lunes por el Ejecutivo británico, se alerta sin embargo de que los europeos que entren en el Reino Unido tras esa fecha podrían encontrarse con "controles que limiten" sus posibilidades de "vivir y trabajar" en el país.
El Tribunal Supremo de EE.UU. ha decidido permitir la aplicación de forma parcial del veto migratorio de Donald Trump, que prohíbe la entrada en territorio estadounidense de refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana, y analizará la polémica norma a fondo este otoño para dilucidar si viola o no la legalidad [ver la declaración del Supremo en inglés].
El tribunal establece una importante excepción: la prohibición "no podrá aplicarse a ciudadanos extranjeros que tenga una relación creíble 'bona fide' con personas o entidades en Estados Unidos", es decir, algún vínculo con el país a nivel familiar, laboral, educativo o de otro tipo.
Esta decisión, tomada de forma unánime, implica que el Gobierno de Trump puede imponer una prohibición de 90 días a los viajeros de Libia, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Yemen y una prohibición de 120 días a todos los refugiados que ingresan a EE.UU. con la excepción señalada por el tribunal, por lo que a partir de 72 horas se podrá negar la entrada al país de los individuos que no tengan familiares en territorio estadounidense o que no hayan tramitado ya su ingreso para trabajar.
La primera versión del veto migratorio fue proclamada el 27 de enero y tuvo que ser sustituida por una segunda versión, bloqueada también por la Justicia. El segundo decreto, a diferencia del anterior, dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre los refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.
