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El pleno del Parlament de Cataluña pone fecha a un referendum vinculante después de varias decisiones judiciales sobre el 9N que afectan a su presidenta y al ahora diputado nacional Françesc Homs.

En Cataluña, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y nueve para las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega. Les acusa de desobediencia grave y prevaricación por seguir adelante con la consulta del 9N, a pesar de estar suspendida por el Tribunal Constitucional.

Artur Mas ha dicho que considera un "honor" ser procesado por la consulta. La vicepresidenta del Gobierno en funciones respeta la decisión de la Fiscalía y ha afirmado que "nadie está por encima de la Ley".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado en su discurso en el debate de la cuestión de confianza, que las "estructuras" para la "desconexión" del Estado español estarán listas a finales junio de 2017 y que en septiembre se convocará un referéndum sobre la indepedencia. La CUP ha asegurado tras el discurso que están "en eplena sintonía" con el anuncio, mientas que Catalunya Sí que es Pot ha respaldado que se vuelva a la vía de buscar un referéndum pactado con el Estado. Ciudadanos, el PSC y el PPC han mostrado su oposición frontal al plan anunciado por el presidente catalán.