En una decisión sin precedentes, el Supremo imputa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo investigará por revelación de secretos relacionados con la causa abierta por fraude fiscal a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El Gobierno cierra filas con García Ortiz y dice que actuó correctamente desmintiendo las informaciones difundidas por la pareja de Ayuso. Pero el PP habla de degradación de las instituciones y piden la dimisión del fiscal.