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La secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado está redactando la querella contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia, malversación, prevaricación y obstrucción a la Justicia. Los Fiscales de Sala dieron su apoyo a la propuesta del Fiscal General del Estado aunque se hicieron algunas matizaciones que ahora se podrían estar incorporando al texto final de la querella. El fiscal general del Estado considera que se ha actuado según derecho. Torres Dulce no entiende que se hable de presiones.

 

La cúpula fiscal apoya mayoritariamente la decisión de Eduardo Torres Dulce de presentar una querella contra Artur Mas por el 9N. La querella incluye también a la vicepresidenta catalana, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau. 

El fiscal general del Estado plantea cuatro delitos: malversación, prvaricación, desobediencia y usurpación de funciones. Será la Fiscalía Superior de Cataluña quien presente la querella a pesar de que no la comparte.

La cúpula de fiscales apoya la propuesta del fiscal general del Estado de querellarse contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos consejeros, por desobedecer al Constitucional el pasado 9N. El acuerdo, casi unánime, contradice a los fiscales catalanes, que se negaron a actuar.

 

El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz, defiende la postura discrepante de los fiscales de Cataluña en relación a la querella contra Artur Mas por el 9N porque, según explica, “es normal opinar diferente”. Asegura que no se trata de ningún motín, puesto que el Estatuto por el que se rige la Fiscalía tiene previstos mecanismos de actuación para estas situaciones. Sobre los rumores de posible dimisión de Eduardo Torres-Dulce, señala que se ha especulado mucho sobre esta cuestión, cuyas posibles consecuencias dice desconocer. En su opinión, hay que esperar lo que diga la Junta de Fiscales de Sala, porque “interponer una querella para que no prospere no tiene ningún sentido”. También explica que en este caso esa querella tiene un mero valor simbólico, puesto que ya existe un procedimiento abierto sobre este asunto (19/11/14). 

La secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Meritxell Batet, cree que la crisis entre el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y los fiscales catalanes demuestra que el problema catalán es político y no judicial. Además, acusa al Gobierno de estar presionando a la Fiscalía y de no respetar la división de poderes. "El Gobierno lo que debe de hacer es actuar políticamente y, por tanto, proponer soluciones políticas. En cambio, lo que está haciendo, desde mi punto de vista, es intentar utilizar a la Fiscalía políticamente y, por tanto, que sea la Fiscalía la que presente una querella política", argumenta (18/11/14). 

El portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, explica que el estatuto del Ministerio Fiscal prevé las discrepancias con el superior jerárquico, incluidas las que puedan tener el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce y los fiscales de Cataluña. Este miércoles se reúne la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano asesor del Fiscal General, que dará su opinión sobre si se debe o no interponer una querella contra Artur Mas por la convocatoria del 9N. Emilio Frías deja claro, sin embargo, que "quien tiene la última palabra es Torres-Dulce, y si considera que se debe presentar esa querella, se presentará" (18/11/14).