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 La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha informado este lunes de la remisión de un proyecto de ley al Parlamento para disolver la Secretaría de Inteligencia y crear una nueva Agencia Federal de Inteligencia.

La presidenta, en su primera aparición pública tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, ha explicado que la reforma de los servicios de Inteligencia responde a la necesidad de "transparentar un sistema que no ha sido de diligencia y no ha servido a los intereses nacionales".

Según la mandataria, tras la firma del acuerdo de entendimiento alcanzado con Irán, en 2013, "se empezaron a observar que ciertos organismos, más concretamente la Secretaría de Inteligencia, comenzaron a bombardear el acuerdo".

Entres sus competencias, la nueva Agencia tendrá investigar sobre terrorismo, tráfico de armas, ciberdelitos, trata de personas, narcotráfico y delitos contra el orden económico y financiero.

La Agencia abarcará a la unidad de Inteligencia criminal que ahora depende el ministerio de Seguridad. Además, se transfiere el sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal.

El fiscal Alberto Nisman, que fue hallado muerto el pasado domingo en su domicilio, acusaba directamente a la presidenta argentina, Cristina Fernández, de decidir la "articulación de un plan criminarl de impunidad" para los supuestos autores del atentado contra el centro judío en Buenos Aires en 1994. Así se desprende de la denuncia que Nisman había redactado y que se ha hecho pública íntegramente este martes.

Las autoridades continúan investigando la muerte de Nisman y apuntan a un posible suicidio, aunque en su mano no se han encontrado huellas de pólvora. 

El atentado con coche bomba contra la sede de la Asociación Mutual Israelíta-Argentina (AMIA), un centro judío de Buenos Aires, causó 85 muertos y 300 heridos. Se trata del mayor atentado terrorista cometido en Argentina. En 2007, Interpol dictó orden de arresto contra cinco ciudadanos iraníes como principales sospechosos. Irán siempre ha negado cualquier implicación.

La demanda alcanza también a un diputado oficialista, varios militantes del Partido Justicialista y al exfiscal del caso, así como a un supuesto espía al que Nisman llama "Ramón Allan Héctor Bogado", entre otros. Además, el fiscal había pedido "determinar el rol exacto" de otras personas, como el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Miles de personas se han concentrado este lunes en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para exigir una investigación exhaustiva sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, convocada por redes sociales con la etiqueta "#YoSoyNisman" en la que los argentinos han expresado su conmoción por este caso. 

La fiscal del caso, Viviana Fein, ha asegurado que investigará si la muerte del fiscal, se debió a un "suicidio inducido". Nisman investigaba la causa AMIA, el mayor atentado perpetrado contra los intereses judíos en Argentina, y la pasada semana denunció a la presidenta Cristina Fernández por presuntamente encubrir a Irán.

También han tenido lugar movilizaciones en las principales ciudades del país para reclamar la verdad y pedir justicia y han vuelto a hacer sonar su cacerolas contra el Gobierno de Fernández.