Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha explicado en el Senado que 2012 se cerró con más de 198.000 ejecuciones hipotecarias pendientes, la mayoría de locales comerciales. Moliner ha explicado que no hay cifras exactas sobre cúales son ejecuciones de primeras viviendas, pero que desde el CGPJ estiman que son un 10% (08/04/2013)

El presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, ha pedido este lunes que se deje trabajar al juez que instruye el caso Nóos, José Castro, que ha imputado a la infanta Cristina tras apreciar indicios de que pudo ser cooperadora necesaria en los delitos que se investigan. Moliner ha insistido en que se deje "en manos de los jueces estos problemas". Ha confirmado que Castro no ha pedido amparo al CGPJ pero que podría hacerlo si siente atacado (08/04/2013)

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en los primeros nueve meses de 2012 hubo 49.700 desahucios, casi un 16% más que el año anterior. Durante toda una mañana hemos acompañado a una comisión judicial en la ejecución de varios desahucios por alquiler.

La Xunta y el Poder Judicial han alcanzado un acuerdo que permitirá, por primera vez en nuestro país, que los jueces intercambien información con los servicios sociales en casos de desahucio. Quieren poder actuar en cuanto detecten situaciones de especial vulnerabilidad y no tener que llegar al desalojo.

Jueces, magistrados y, por primera vez en la historia también fiscales, afrontan este martes su tercera huelga en lo que va de democracia, en protesta por las reformas judiciales acometidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, entre ellas el proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, se muestra en contra de la huelga que varias asociaciones judiciales han convocado para el próximo 20 de febrero. Considera que no está justificado convocar un paro contra una reforma legal, la que prepara el Gobierno que, a su juicio, es competencia del poder legislativo y no del judicial. "Compartimos muchas valoraciones, muchas reivindicaciones o la carencia de medios personales o materiales, pero insisto, quien representa un poder del Estado yo creo que tiene que buscar otras vías, pero no parar la justicia porque es que, además, al final quien se ve afectado es el ciudadano", explica (12/02/13).