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El diputado de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, interviene por última vez en un pleno del Congreso antes de abandonar su escaño para ir en las listas de Izquierda Unida en Asturias.

El primero de mayo se celebra con multitudinarias manifestaciones en las principales ciudades. Durante la semana gobierno y oposición volvieron a debatir sobre empleo.

Desde el año 2000, se han casado en España 380 niños de entre 14 y 15 años. Este martes, el Congreso ha aprobado una ley que eleva la edad minima para contraer matrimonio a los 16. La Ley de Jurisdicción Voluntaria contiene también otras reformas. A partir de ahora, los notarios podrán casar, llevar divorcios o separaciones cuando sea de mutuo acuerdo y no haya hijos menores ni con discapacidad. 

El último naufragio en las costas mediterráneas con un millar de fallecidos nos lleva a debatir sobre la inmigración clandestina y la política española y europea con Francisco Márquez (PP), Esperança Esteve (PSOE), Antoni Picó (CiU) y Ricardo Sixto (la Izquierda Plural).

La explotación sexual esclaviza a 70.000 mujeres al año en Europa. Una comisión del Congreso estudia el fenómeno que tiene en España un punto clave de paso para las mafias.

Se reabre el debate sobre el régimen de incompatibilidades de los diputados tras conocer que el expresidente del Congreso Federico Trillo y el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte habrían cobrado por asesorar a una empresa que trabaja para el sector público.

El debate parlamentario se ha centrado esta semana en la amnistía fiscal. La oposición pide que se haga pública la lista de defraudadores. El Congreso rechaza la reprobación de Cristóbal Montoro. Y el director de la Agencia Tributaria habla de su lucha contra el fraude fiscal.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha admitido en el Congreso, que el Ejecutivo  aprobó en 2012 una "amnistía fiscal" y ha recalcado que, a diferencia de las que impulsaron los gobiernos socialistas, lo hizo "aplicando  la ley". El Gobierno hasta ahora evitaba hablar de amnistía fiscal y se refería a una "regularización extraordinaria". "Este Gobierno ha hecho una amnistía fiscal aplicando la ley y ha hecho una amnistía fiscal muy diferente de las dos que hicieron los  gobiernos del PSOE que eran opacas, sin control, y, encima, dando  intereses a los defraudadores", ha contestado la 'numero dos' del Gobierno al portavoz socialista, Antonio Hernando. Hernando ha mostrado dos fotografías desde su escaño: una en la que aparecía la imagen del exvicepresidente económico Rodrigo Rato  entrando en un coche policial el pasado jueves y otra en la  que se veía a Rato y Rajoy abrazados. "¿Usted pretende que se olvide con esta imagen (la del abrazo) con esta otra (la de la detención) cuando es Rajoy el que ha hecho una  amnistía fiscal a la que se acogió Rato?", ha preguntado el dirigente socialista.  

En su mayoría son activos financieros pertenecientes a contribuyentes españoles: 14.000 millones. Y cuentas bancarias: 4.800 millones de euros. Desde 2013, hay 197.000 declarantes que han reconocido que tenían dinero por valor de 124.500 millones en 200 países. En el primer trimestre del año, la lucha contra el fraude ha permitido recaudar casi 2.900 millones de euros, un 13,5% más que un año antes, según el director general de la Agencia Tributaria, quien ha revelado que son ya 715 los investigados por presunto blanqueo de capitales. La oposición ha aprovechado su comparecencia para cargar contra la actuación del Gobierno en el 'caso Rato'.

El PSOE insiste en que se hagan públicos los nombres de las 30.000 personas que se acogieron a la amnistía fiscal.  Dicen que con la ley en la mano, sin hacer ningún cambio, ese listado se puede entregar a una comisión de investigación, que los socialistas han vuelto a pedir y a la que se opone el PP. Para la Izquierda plural lo prioritario es que Rajoy de explicaciones. Tanto la Izquierda plural como UPYD y el PNV ya han dicho que votarán a favor de la reprobación de Montoro que presenta el PSOE y a conocer la lista de quienes regularizaron su situación en 2012. El PP califica de extravagancia la petición de comparecencia del presidente del gobierno. Ven innecesaria la creación  de una comisión de investigación y dicen que es un disparate colosal pretender publicar los nombres de todos los investigados por Hacienda. Hernando asegura que lo que pretende la oposición es enredar y montar escándalo ante la inminente cita electoral del 24 de mayo.