El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, declara esta mañana en el juicio de los ERE acusado de prevaricación por lo que se enfrenta a una pena de diez años de inhabilitación. Chaves se sienta en el banquillo junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta por haber creado o mantenido un "procedimiento específico" con el que se repartieron más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre 2001 y 2011, de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía. Su defensa sostiene que no conocía el detalle de cómo se concedían las ayudas, sino la política general que las sustentaba; que partía de la "convicción" de que el procedimiento era legal y que el Interventor nunca alertó de ilegalidades, "probablemente", porque no las vio.
El expresidente andaluz José Antonio Griñán (PSOE) ha negado conocer "exactamente" el programa de las ayudas sociolaborales investigadas en el caso de los ERE porque como consejero de Hacienda "no se puede llegar a ese detalle" y el programa era "insignificante" en el presupuesto de Empleo. Además, ha asegurado que no recibió ninguno de los informes en los que el interventor alertaba de lo "inadecuado" del sistema.
El expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha negado que conociera el programa de las ayudas investigadas en el caso de los ERE. Griñán asegura que se enteró cuando estalló el caso, en el año 2011. Ha dicho que sí conocía el presupuesto de la Junta, durante su etapa como consejero de Hacienda, pero no el detalle de cómo se gastaba el dinero. Se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación.
La exconsejera de Hacienda en la Junta de Andalucía -y exministra en el gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero- Magdalena Álvarez ha declarado en el juicio del caso de los ERE que en ningún momento fue conocedora del procedimiento para la concesión de estos expedientes de regulación de empleo y que nunca recibió ningún reparo de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Imputada por prevaricación, Álvarez ha defendido que la ejecución de los presupuestos de la Junta no era su competencia.
Continúa el juicio de la pieza política del caso de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Este lunes se reanuda con el interrogatorio a la exconsejera de Hacienda y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que se enfrenta a un posible delito de prevaricación.
El exdirector general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, uno de los principales acusados en la pieza política del caso ERE, ha asegurado hoy en el juicio que "nunca" ha "hablado de fondo de reptiles" para referirse al dinero de las ayudas, que era "una partida de la Ley de Presupuestos".
