"La dependencia en Canarias viene arrastrando diez años de paralización importante, pero en los últimos tres años no ha hecho más que mejorar". Así lo aseguró en el Debate de La 1 en Canarias Cristina Valido, consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias quien añadió que "estamos muy lejos de donde tenemos que estar, aunque todos los indicadores mejorar y desciende la lista de espera".
Valido indicó también que "la dependencia se ha convertido en el recurso fácil para fustigar al Gobierno. Ya lo hicieron con Inés Rojas e incluso con Patricia Hernández con rifirrafes en el Parlamento". Sin embargo, a nadie la reprobaron en el Parlamento de Canarias cuestión que ella achaca a que entonces el PSOE gobernaba con Coalición Canaria. Por eso cree que ahora la han reprobado a ella, puesto que existe un Gobierno en minoría. "Me han sometido a una persecusión desde el primer día, incluso negando datos certificados por el INSERSO". Asegura que no acudió al Parlamento el día que la reprobaron debido a que "estaba en Madrid firmando el PIEC, no por falta de respeto" pero sí asegura que ha escuchado todas las intervenciones "y no encuentro ningún motivo para la reprobación". Por eso asegura que "creo que no me debo ir , no debo dimitir, a seis meses del final de la legislatura, ya que eso es lo que menos necesita la dependencia".
Indicó que actualmente se están pagando en prestaciones económicas diez millones de euros más que en 2016 "probablemente cerraremos el año con 51 millones", pero considera que lo que hay es que apostar por los servicios, no por pequeñas ayudas económicas. En ese sentido indicó que se van a gastar 260 millones para construir -con acuerdos con los cabildos- 4.000 nuevas plazas y que en poco tiempo se duplicarán las 10.000 plazas actuales. Sin embargo considera que es mejor solución la asistencia domiciliaria especializada, con más personal y más horas de atención. En esa actuación considera claves los acuerdos con cabildos y ayuntamientos. A los cabildos, que tienen residencias y centros de día, han destinado este año 30 millones más de euros que en 2016. Precisamente considera que los ayuntamientos son el eslabón más débil. Por ello señala que la nueva Ley de Servicios Sociales facilitará que aumenten las transferencias a los municipios, lo que permitirá a los ayuntamientos contratar personal para atender la dependencia. También se van a simplificar los procedimientos -saldrá en breve la nueva orden el BOC- y a reducir los plazos a la mitad, que en menos seis meses se resuelvan las peticiones.
