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Para los otros 63 usuarios, solicita penas de entre uno y cuatro años dependiendo de si han devuelto o no el dinero. En su informe dice que "la contabilización de los gastos era indebida y subrepticia", un sistema retributivo que carecía de amparo legal. Los acusados alegan que las tarjetas black formaban parte de su remuneración por lo que no tenían que justificar para qué las usaban.