- El juez de instrucción Álvaro Martín imputó a ambos expresidentes estos cargos
- El caso de los ERE supuso el desembolso de 855 millones de euros entre 2000 y 2011
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El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Granada que condena a un profesor a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación al aprobar a una alumna que no se presentó al examen. También ha condenado a la misma pena a la administradora adjunta de la facultad.
(Entrevista de Manuel Sollo). Vamos a asistir a las vicisitudes de un hombre amoral que ha negociado durante toda su vida con una conciencia frágil hasta acostumbrarse a la culpa. Nos referimos a Hugo Bayo, que cuenta su historia en primera persona desde la primera adolescencia a la madurez, siempre al filo de la tragicomedia. Es el relato que construye Luis Landero en su nueva novela, "La vida negociable" (Tusquets). Entre el humor y la farsa, sitúa a su pícaro protagonista ante el atractivo influjo del mal cuando aún niño chantajea a sus padres. Aspirante a grandes gestas, Hugo tendrá que conformarse con la única profesión en que destaca tanto como detesta, la de barbero. A la vez, como otros personajes, buscará el amor con denuedo en relaciones en que la necesidad puede al querer. Con esta obra, Landero regresa a la ficción tras "El balcón en invierno", de 2014, una exitosa indagación en la biografía de aquel chiquillo de posguerra nacido en Alburquerque, Badajoz, en 1948. De este mundo narrativo dialogamos con el autor de "Juegos de la edad tardía".
- La sentencia inhabilita siete años a un profesor de la Universidad de Granada
- El docente puso un sobresaliente a la estudiante aun sin conocerla
- La administradora, inhabilitada también por cooperar como mediadora
Un juez de Cádiz ha determinado que un noviazgo estable es motivo para decretar la extinción de una pensión de compensación establecida en un divorcio, aunque la beneficiaria y su nueva pareja no convivan. Así, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cádiz ha estimado la demanda de un hombre que solicitó en su demanda de divorcio el año pasado la disolución de las medidas que se habían establecido tras la separación conyugal en 2003. En aquel momento, el Juzgado fijó que el hombre pasara a su exmujer una pensión compensatoria de 500 euros al mes durante cinco años, cantidad que, tras un recurso de la exesposa, ascendió a 700 euros mensuales sin limitación temporal. En la actualidad, con las subidas anuales, el hombre pasaba a su expareja una pensión compensatoria de 896 euros al mes.
