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El presunto pederasta de Ciudad Lineal cuenta con amplio historial delictivo y ya fue condenado a siete años de prisión por agredir sexualmente a una menor de seis años en los años 90, ha explicado este miércoles el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Se trata de un español, de 42 años, con antecedentes por secuestros, robos, detenciones ilegales, y robos con violencia. Se dedicaba a la compraventa de vehículos y de tecnología, es aficionado al culturismo y las artes marciales, y, además de un carácter violento, tiene relaciones con el crimen organizado.

La joven que denunció haber sufrido una violación en Málaga por parte de cinco jóvenes el pasado agosto ha sido condenada este lunes a diez meses de prisión y pagar a una multa de 2.160 euros, por cinco delitos de denuncia falsa. La sentencia se produce tras un acuerdo de conformidad entre las partes en el que la joven ha reconocido los hechos y ha alegado que denunció por miedo a la difusión del vídeo grabado con un teléfono móvil por uno de los chicos.

Según las primeras investigaciones, se aprovechaba de que es el director de una comparsa infantil. El detenido es un pequeño empresario muy conocido en la isla. Fue presidente de una asociación de comerciantes de Fuerteventura y siempre ha estado ligado al carnaval. 

Unos 1.400, la mayoría niñas, habrían sido explotados sexualmente durante 16 años por una red de ciudadanos paquistaníes, mientras las autoridades miraban hacia otro lado.

Luis, el padre de la menor a la que intentaron secuestrar en Coslada, nos explica cómo ocurrió todo. La pequeña ha dado muchos detalles del hombre que la invitó a entrar en su coche. “No es consciente de lo que podría haberle sucedido”, ha explicado en La mañana de verano su padre. “Ya no la dejamos salir sola”, ha apostillado.

La juez que investiga la presunta violación múltiple de cinco jóvenes a una mujer de 20 años el pasado domingo en la Feria de Málaga ha archivado la denuncia, según han confirmado a RTVE.es fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga ha tomado esta decisión después de concluir que las pruebas practicadas y las declaraciones tomadas no han demostrado que exista delito, explican fuentes jurídicas.