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Este miércoles, el ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado los datos provisionales de siniestralidad laboral. Las muertes en el trabajo se han reducido en enero, mientras las bajas sí han aumentado con respecto al mismo mes del año pasado. Ambas son variables que el Gobierno y los agentes sociales manejan para decidir qué trabajadores podrían jubilarse antes sin perder dinero porque su actividad es de riesgo, como en el caso de los cuidados o la construcción.

Las kellys o camareras de piso, son uno de los colectivos que están pidiendo acogerse a la jubilación anticipada sin penalizaciones por las condiciones de sus puestos de trabajo. Mónica García, presidenta de las Kellys Unión Tenerife, lleva siendo camarera de piso unos 10 años y arrastra problemas en lumbares, cervicales y codos: "Es un trabajo muy duro". Tiene que preparar entre 25 y 35 habitaciones diarias, dependiendo de las características del hotel. “Hay estudios que dicen que solamente el 5% de las camareras de piso llegamos a jubilarnos ‘enteras’”, lo cual obliga a abandonar el trabajo dando lugar, en muchos casos, a pensiones no contributivas, lamenta García. “Instamos al Gobierno a que se nos reconozca también la jubilación a los 58 años porque creemos que somos un colectivo […] que nuestra penosidad en el trabajo y nuestra peligrosidad hacen de nosotros también ser un colectivo que necesite esa jubilación”.

Cristina Estévez es secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT. Explica en Las Mañanas de RNE que lo que se está negociando es el procedimiento por el que determinados colectivos podrán solicitar la reducción en la edad legal de la jubilación dependiendo de unos indicadores. “Entrarán aquellas actividades que cumplan con los indicadores de peligrosidad, toxicidad y penosidad, y esta es la novedad […] Nosotros desde la UGT, a colectivos como camareras de piso o cuidadoras de la dependencia, que son eminentemente mujeres, siempre hemos venido reivindicando esa reducción de la edad ordinaria de jubilación. Hasta ahora la penosidad no estaba contemplada”, expone García. 

La ministra de Seguridad Social asegura en una entrevista en TVE que el ingreso mínimo vital llega a dos millones de beneficiarios, unos 700.000 hogares, según sus últimos datos. Añade que con la reforma de las pensiones "transitamos un camino correcto y adecuado" y apunta que el fondo de las pensiones sumará 25.000 millones de euros en los próximos cuatro años: "Vamos a volver a rellenar esa hucha de las pensiones", remata.

Seguro que a quien lea estas líneas le ha pasado hace poco lo mismo que a nosotros: se ha jubilado algún compañero de trabajo, amigo, o familiar. En nuestro caso, la creadora de este espacio. Aprovechando, hemos querido hacer un análisis del sistema de pensiones, desde un punto de vista técnico, pero sobre todo social. ¿Es viable? ¿Los jóvenes son los mayores perjudicados? ¿Se está fomentando una guerra generacional? Nos responden José Ignacio Conde Ruiz, autor del libro 'La juventud atracada: Cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes' (Península, 2023); Carlos Bravo, secretario de políticas públicas de CCOO; Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud, y Lázaro González, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas.

Desde el 1 de enero, los estudiantes que hagan prácticas formativas, van a cotizar. Ese tiempo contará, por ejemplo, para su pensión, aunque no para el paro. Y la medida tiene efecto retroactivo: cualquier persona que haya hecho prácticas no laborales entre 2019 y 2023, podrá pedir que les sumen ese periodo a su cotización.

El gasto en pensiones alcanza cifras récord y, como explica el economista José Antonio Herce, se debe al efecto de la revalorización con el IPC de 2023. Herce ha indicado que nos quedan todavía 17 años de observar como los llamados ‘baby boomers’ terminan de jubilarse y avisa de que “dentro de 10 o 15 años nos encontraremos con un gasto de pensiones muy elevado” debido a este fenómeno. Ello a pesar de que la pensión media de las nuevas altas actuales no está siendo mayor que las del pasado reciente ni se ha notado todavía la jubilación masiva de los 'baby boomers'.

Las pensiones han vuelto a centrar la jornada de campaña de este martes. Alberto Núñez Feijóo ha reconocido que "hubo años" en los que el PP "no actualizó las pensiones conforme al IPC", ante las críticas de PSOE y Sumar, que siguen acusando al líder del PP de "mentir". Todos coinciden en pedir la movilización a pocos días de que finalice la campaña a las elecciones generales del 23J y se conozcan los resultados. Santiago Abascal considera al PP su socio natural y dice que sus exigencias dependerán de la fuerza que le den las urnas. Foto: RTVE/Agencias

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha matizado sus palabras sobre la revalorización de las pensiones, en las que aseguraba que su formación "siempre" ha utilizado el IPC para actualizarlas. Tras el revuelo causado, ha publicado un tuit para "aclarar" que el PP "nunca las congeló", al contrario del PSOE, sin referirse ya a que lo hizo conforme al índice de precios. Sus palabras han provocado las críticas de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que le han acusado de "mentir".

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones del 23J, Pedro Sánchez, se ha referido a las declaraciones del líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la revaloriación de las pensiones conforme al IPC. "Los pensionistas de nuestro país, los 10 millones de pensionistas, se merecen saber la verdad, y es que el PP, cuando gobernó, no revalorizó las pensiones en esos años, y la verdad es que ha votado sistemáticamente, a lo largo de estos últimos años, en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC", ha asegurado en declaraciones a los medios en Bruselas, donde asiste a la cumbre de la CELAC.

FOTO: AP Photo/Francois Walschaerts

Hoy es el día internacional de la justicia gratuita, un servicio que ejercen miles de abogados y que cubre las necesidades de aquellos que no pueden pagarlos. En Córdoba se les ha hecho hoy un homenaje. Denuncian que por su trabajo reciben de la administración una cantidad ínfima, por debajo de mercado, y que además a muchos de ellos les acaba quedando una pensión muy baja. Abogados con 30 o 40 años de ejercicio que cobran, denuncian, entre 300 y 600 euros.