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¿Qué establece el Código Penal sobre el auxilio al suicidio?

  • La legislación contempla penas de los dos a los diez años de prisión, aunque con atenuantes si hay petición expresa de la víctima
  • La ley de eutanasia inició su andadura parlamentaria en junio de 2018 pero el adelanto electoral impidió su aprobación

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El 70% de los españoles están a favor de que se regule la eutanasia para enfermos incurables

El caso de la detención de un hombre por ayudar a morir a su mujer, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal ha reabierto el debate sobre la ley de eutanasia, que inició su andadura parlamentaria en junio del pasado año y se encuentra paralizada por el adelanto electoral.

14 horas - La eutanasia en el Código Penal español

De haber salido adelante, Ángel Hernández no habría sido detenido este miércoles por suministrar una sustancia para ayudar morir a su mujer, María José Carrasco, quien a sus 61 años dependía absolutamente para todo de su pareja y llevaba años pidiendo ayuda para morir. La asociación Derecho a Morir Dignamente ya ha pedido este jueves en un comunicado que el "acto de Ángel Hernández de ayudar a su mujer, a la que ha cuidado durante décadas" no reciba "ningún reproche penal". Pero, ¿qué dice la legislación española al respecto?

El Código Penal regula en su artículo 143 la inducción al suicidio o la cooperación con el suicidio de otras personas, con un rango de penas que va de los dos a los diez años de prisión, aunque se prevé una rebaja si hay petición expresa de la víctima y ésta padeciera enfermedad grave. Caso al que Hernández se ajusta.

El matrimonio grabó dos vídeos en el que ella expresamente solicita la cooperación de su marido para ingerir la sustancia que le causó la muerte.

A falta del acuerdo parlamentario para despenalizar la eutanasia, el Código Penal recoge en su artículo 143 una serie de supuestos para castigar a quien induzca al suicidio de otro o a quien coopere con el mismo.

Así, el que induzca al suicidio será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años y el que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona podrá ser condenado a entre dos y cinco años.

Si la cooperación llega "hasta el punto de ejecutar la muerte", esa condena será de seis a diez años de prisión.

Atenuantes si hay petición expresa

Pero en el apartado 4 de ese artículo se establece que en los casos de "petición expresa, seria e inequívoca" de la víctima, si ésta sufriera "una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar", el castigo será con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas.

Eso implica, por ejemplo, que si se considera a una persona responsable de cooperar con actos necesarios al suicidio de una persona (castigado con entre dos y cinco años) de cárcel, la pena inferior en uno o dos grados iría de seis meses a dos años de prisión.

Si se establece que esa cooperación llega hasta el punto de ejecutar la muerte, la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados reduciría la condena a una horquilla de entre un año y tres meses y cinco años de cárcel.

En España, la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó en 2016 a dos años de prisión al joven Ignacio Sánchez Olaso por ayudar a su madre enferma a suicidarse. La Fiscalía pedía para él una condena de seis años de prisión.

En este caso, se aplicaron atenuantes de confesión y parentesco. La mujer había pasado diez años sin salir de casa y no recibía tratamiento porque padecía una enfermedad que le provocaba una paranoia con ideaciones persecutorias sobre todo de los médicos.

La Asociación Derecho a Morir Dignamente considera ésta la única sentencia de un familiar condenado por ayudar a suicidarse a una persona en España.

Condenas en otros casos

Hay otras resoluciones judiciales que no afectan a familiares. El médico Marcos Ariel Hourmann fue condenado por la Audiencia de Tarragona a un año de prisión y a inhabilitación para ejercer la medicina por ayudar a morir a una enferma terminal. Su caso -que se saldó con un acuerdo con la Fiscalía- ha llegado este año al teatro para concienciar sobre la despenalización de la eutanasia.

En Barcelona, en 2012, un asesor psicológico fue condenado a tres años de cárcel por ayudar a suicidarse a un enfermo con depresión, al que incluso facilitó la heroína de extrema pureza que acabó con su vida de una sobredosis en febrero de 2010.

Un médico miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Madrid y una voluntaria de Encasa Cuidados Paliativos fueron acusados de ayudar a suicidarse a una mujer de Avilés (Asturias) en mayo de 2012 y de intentarlo con un hombre de Cádiz dos meses después. En 2016 fueron condenados y aceptaron una pena de dos años de prisión y seis meses de multa.

La Justicia absolvió al doctor Luis Montes por las presuntas sedaciones ilegales en el hospital de Leganés, en tanto que Ramona Maneiro confesó tras la prescripción del delito haber sido ella quien ayudó a morir al tetrapléjico gallego Ramón Sampedro en 1998, tras ingerir un preparado de cianuro.

El futuro de la ley de eutanasia

La nueva legislatura que se inicia tras las elecciones generales del 28 de abril abre de nuevo la puerta a que España cuente con su primera ley de eutanasia. La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió que si gobierna nuevamente regulará definitivamente la eutanasia para que "la muerte sea tan digna como la vida". Es una las 110 medidas del programa electoral del PSOE.

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha señalado este jueves que la sociedad tiene el deber ético de reconocer el derecho a la eutanasia.  La titular de Sanidad ha añadido en otro tuit que el Gobierno está comprometido en sacar adelante la ley de la eutanasia, una norma que -ha dicho- desde el PSOE se ha impulsado y que "han bloqueado en el Congreso los partidos de la derecha".

Cabe recordar que el proyecto de ley socialista regristrado en junio superó el primer trámite y una enmienda a la totalidad del PP, no así el plazo de enmiendas, por lo que los socialistas acusaron a PP y Ciudadanos de bloquear su tramitación. Una denuncia que coincidió con la presentación en febrero en el Congreso de más de 280.000 firmas recogidas por dos familias a favor de despenalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido

Por su parte, Unidas Podemos ha confirmado a Efe que registrará una ley "con todas las garantías necesarias para las personas que deciden poner fin a su vida, así como para los y las profesionales que las asisten".

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que todos los partidos deben hacer "autocrítica" tras este nuevo caso de eutanasia y ha apostado por la necesidad de una regulación en este asunto.

Mientras que desde el PP, lamentan no poder manifestarse al respecto ya que aún no se ha presentado su programa electoral.

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