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El juicio del 'procés' empezará el 12 de febrero en el Supremo, que acepta que testifique Rajoy pero no Puigdemont

  • Nueve de los doce acusados -los que están en prisión preventiva- son trasladados este viernes de Cataluña a Madrid
  • La Fiscalía les acusa de rebelión y la Abogacía del Estado, de sedición | Gráfico: Así es el tribunal que les juzgará

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El Supremo fija el 12 de febrero para el inicio del juicio del 'procés' en el que acepta que testifique Rajoy

El juicio del procés arrancará el martes 12 de febrero en el Tribunal Supremo. En el banquillo de los acusados se sentarán doce líderes independentistas, entre ellos, el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Estos dos últimos y otros siete están acusados de rebelión por la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox, y de sedición por la Abogacía del Estado por la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017.

Además de fijar la fecha, el Supremo ha informado este viernes de qué testigos de los solicitados por las acusaciones y defensas comparecerán finalmente en el juicio y cuáles ha descartado. De esta forma, serán testigos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y el actual presidente del Parlament, Roger Torrent, entre otros.

El alto tribunal, en cambio, ha rechazado que comparezcan como testigos el rey y los líderes independentistas huidos y procesados en rebeldía, como Carles Puigdemont, entre otros.

Trasladados a cárceles de Madrid

Los nueve acusados en prisión provisional por estar acusados de los delitos más graves (rebelión y sedición) -Junqueras, Forcadell, los exconsellers Jordi Turull (Presidencia), Joaquim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio), Raül Romeva (Asuntos Exteriores) y Dolors Bassa (Trabajo), el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart- han sido trasladados este viernes desde cárceles de Cataluña a las de Madrid a pesar de que el juicio no arrancará la semana que viene como se había barajado en un principio.

En los últimos días, las defensas de Oriol Junqueras y Jordi Cuixart habían pedido al Supremo que dejara tiempo suficiente entre el señalamiento del juicio y su arranque para preparar su estrategia y evitar "indefensión". El exvicepresidente del Govern había reclamado un plazo de al menos tres semanas.

Los otros tres acusados, que actualmente están en libertad provisional, son los exconsellers Carles Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Gobernación) y Santi Vila (Empresa). Los doce se enfrentan a peticiones de penas que van desde los 7 años de cárcel a los 74. Oriol Junqueras, por ejemplo, se enfrenta a una petición de 25 años por parte del Ministerio Público por "rebelión con malversación", a una de 12 por sedición y malversación por parte de la Abogacía y a otra de 74 años por parte de Vox. [Gráfico: Quiénes son y de qué se les acusa].

Rajoy y Artur Mas declararán como testigos

El juicio -que se desarrollará los martes, miércoles y jueves- arrancará con las llamadas cuestiones previas, que se prolongarán durante los días 12, 13, 14, 19 y 21 de febrero, informa Cristina Blach, de TVE. Una vez que estas sean resueltas por el tribunal, arrancará la fase de prueba con la declaración de los acusados primero y luego con la de los testigos.

Según ha informado el Supremo, entre los testigos aceptados figura el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el lehendakari Íñigo Urkullu y el actual presidente del Parlament, Roger Torrent y los diputados de ERC en el Congreso Gabriel Rufián y Joan Tardá.

También serán llamados como testigos, la ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el ex delegado de Gobierno en Cataluña Enric Milló. También comparecerán como testigos ciudadanos que resultaron heridos en las cargas policiales del referéndum y policías y guardias civiles que también sufrieron lesiones durante esa jornada.

Rechaza la declaración de Puigdemont

La Sala de lo Penal ha rechazado las testificales del rey porque lo prohíbe expresamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 411) y tampoco ha admitido que declarara el jefe de la Casa Real, Raúl Alfonsín, porque la legislación española no recoge el sistema de "testigo por sustitución".

También se ha excluido el testimonio de Carles Puigdemont y de otros procesados en rebeldía que permanecen huidos en el extranjero porque es "manifiestamente incompatible" su condición de "parte pasiva del proceso" con "la obligación de decir verdad que asume todo testigo".

Tampoco acepta el Supremo el testimonio del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, por el mensaje de Whatsapp que mandó alardeando de que controlarían la Sala Segunda "desde detrás" si el presidente del tribunal del procés, Manuel Marchena, era elegido presidente del CGPJ tal y como habían pactado con el Gobierno del PSOE. Un mensaje que provocó que el propio magistrado renunciara a la elección. El Supremo ya defendió la "imparcialidad" de Marchena cuando rechazó que fuera recusado.

La Sala Penal también rechaza la presencia de "observadores nacionales e internacionales" que habían pedido las defensas. El tribunal argumenta que el hecho de que las sesiones del juicio vayan a ser "televisadas en directo y mediante streaming en la web" permitirá que "todo ciudadano que quiera convertirse en observador (...) podrá hacerlo".

Periodistas de 150 medios internacionales se han acreditado para seguir el juicio del 'procés'

Acusados de rebelión por la Fiscalía

La Fiscalía les acusa de rebelión, malversación y desobediencia y pide penas que van desde los 7 a los 25 años de prisión por presuntamente haber diseñado una "estrategia" para "fracturar el orden constitucional" para lograr la independencia sin renunciar a la "violencia" valiéndose para ello de la "fuerza intimidatoria" de las grandes manifestaciones y el "uso de los Mossos como cuerpo policial armado".

El procés tenía tres "pilares básicos", para el Ministerio Público: el parlamentario, para dotar al proceso de una "aparente cobertura jurídica"; el del Govern, para organizar el referéndum y poner en marcha la nueva República; y el social, en manos de la ANC y Òmnium, para impulsar protestas como "medida de presión" al Estado. Una de ellas fue el "asedio" a la Consellería de Economía y Hacienda el 

Las penas más altas las pide para los que considera "promotores" o "jefes principales" de la rebelión: Junqueras, Forcadell y 'los Jordis'. Para el exvicepresidente pide 25 años por rebelión con distracción ilegal de caudales públicos (malversación) y para los otros tres 17 años por rebelión. Para los exconsellers Turull, Romeva, Rull, Bassa y Forn, pide 16 años por rebelión con malversación y para Mundó, Borràs y Vila, siete años de prisión y multa de 30.000 euros por malversación y desobediencia grave.

La Abogacía no ve violencia y les acusa de sedición

La Abogacía del Estado les acusa de sedición -y no de rebelión al no apreciar el uso de "violencia" como medio para lograr la independencia-, de malversación y desobediencia y pide penas que van desde los 7 a los 12 años de prisión. Esta acusación considera que el "plan orquestado" incluía un "enfrentamiento" contra el orden legal y "movilizaciones sociales para presionar al Estado". Habla de "incidentes contra el orden público", "tumultos" o de "ambiente crispado y hostil", pero no menciona ni una sola vez la palabra "violencia" en su escrito.

La piedra angular del juicio residirá, precisamente, en dilucidar si hubo violencia o no en el caso de que el tribunal decida condenar a los líderes independentistas, ya que las penas se reducen prácticamente a la mitad. La Abogacía pide 12 años de cárcel para Junqueras y 11 años y 6 meses para los exconsellers Turull, Romeva, Rull, Bassa y Forn por sedición y malversación, y 10 años para Forcadell y 8 para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, solo por sedición. Para Borràs, Mundó y Vila, la pena es la misma que reclama la Fiscalía: 7 años y multa de 30.000 euros por malversación y desobediencia.

La acusación popular ejercida por Vox es la que pide las penas más altas: 74 años de cárcel para Junqueras y los cinco exconsellers actualmente en prisión preventiva por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación; 62 de prisión para Forcadell, Sànchez y Cuixart por dos de rebelión y organización criminal; y 24 para Borràs, Mundó y Vila por organización criminal y malversación.

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