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Caso Cursach

El juez del caso Cursach ordena la devolución de los móviles requisados a los periodistas

  • Los dos periodistas han sido avisados vía telefónica pero la defensa solicita que "se notifique en debida forma"
  • Piden se les informe también de quién ha tenido acceso a los archivos y si estos han sido copiados

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Fotografía de archivo de la concentración a las puertas del Diario de Mallorca o como protesta por la incautación del teléfono móvil de uno de sus redactores, Kiko Mestre.
Fotografía de archivo de la concentración a las puertas del Diario de Mallorca o como protesta por la incautación del teléfono móvil de uno de sus redactores, Kiko Mestre. EFE/CATI CLADERA

El juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, ha ordenado la devolución de los teléfonos móviles y del material informático requisado a dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press el pasado 11 de diciembre para averiguar el origen de varias informaciones que publicaron por los diarios sobre ese caso.

Los dos periodistas han sido informados vía telefónica de que recojan sus móviles, pero la defensa que les representa ha solicitado que la resolución "se notifique en debida forma", "con señalamiento de día y hora para la devolución" del material requisado.

En el caso Cursach se investiga, entre otros posibles delitos, una presunta trama de complicidad entre responsables de discotecas y locales de ocio y policías locales de Palma y Calvià para favorecer los negocios del empresario Bartolomé Cursach, dominador durante décadas de la noche mallorquina.

La Policía Nacional detuvo el pasado día 18 por revelación continuada de secretos en el caso Cursach a un inspector que fue responsable del grupo de Blanqueo de la Jefatura de Baleares que investigó esta presunta trama de corrupción y a otro agente que intervino en el caso.

Piden que les informen del trato de los archivos

Tras la incautación de los materiales, los periodistas -José Francisco Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de la agencia Europa Press- y las empresas para las que trabajan presentaron una contra el juez Florit. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares la admitió a trámite y la sala Civil y Penal del alto tribunal ha asumido el estudio de la denuncia.

Los presuntos delitos que se presentaron en la querella fueron prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.

En un escrito con fecha de este jueves, la defensa de ambos periodistas solicita a la administración de Justicia que sean citados en "día y hora" y "con debida forma" para la devolución de los aparatos confiscados. También pide que se les informe por escrito del lugar o lugares donde han estado depositados estos móviles y ordenadores, qué personas han tenido acceso a los mismos y qué inspección, registro, copia o manipulación de estos se ha llevado a cabo. "En caso de que se hayan extraído, copiado y examinado datos de dichos dispositivos", se requiere que se les informe por escrito de los datos extraídos, copiados, examinados y el lugar de almacenamiento de los mismos.

Críticas de asociaciones periodísticas

La incautación de estos móviles ha provocado en las últimas semanas una amplia crítica de asociaciones de periodistas en España.

A nivel europeo, la plataforma para reforzar la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa ha emitido una alerta por estos hechos en la que invoca el derecho a la confidencialidad de las fuentes periodísticas.

La alerta tiene su origen en la Federación Europea de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas y la organización internacional Index on Censorship, que defienden el derecho a la libertad de expresión y las actividades periodísticas.

Hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación de este caso y atribuye al empresario mallorquín delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de 8,5 años de cárcel, y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide condenas que suman 171 años.

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