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Caso Máster

La jueza procesa a Cifuentes por delitos de falsedad documental en su máster en la Rey Juan Carlos

  • Procesa además al exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico Enrique Álvarez Conde
  • El auto concluye que Cifuentes dio instrucciones y se instó a Conde a crear los documentos para justificar su máster

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Cifuentes, procesada por delitos de falsedad documental en su máster en la Rey Juan Carlos

La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha procesado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por los delitos de falsedad documental en relación a su máster que cursó en 2011-2012 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

En un auto de transformación a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), dictado este miércoles, la magistrada acuerda el fin de la instrucción y procesa además al exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la URJC Enrique Álvarez Conde,  a la exasesora de la expresidenta regional María Teresa Feito y a la profesora Cecilia Rosado, que ha reconocido los hechos respecto a la falsificación documental del acta de defensa del TFM y cuyo testimonio ha sido fundamental para esclarecer los hechos, según el tribunal.

Los delitos de falsedad documental, tipificados en el artículo 390 del Código Penal, conllevan penas de tres a seis años de prisión, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años.

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El auto, que es recurrible ante el propio juzgado o ante la Audiencia de Madrid, es el paso previo a la apertura de juicio oral y da diez días a las acusaciones para que soliciten esa apertura y formulen escrito de acusación o pidan el sobreseimiento de la causa.

Cifuentes dio instrucciones para falsificar los documentos

La jueza cree que existen indicios suficientes para creer que Cifuentes dio instrucciones a Feito para ocultar que no había superado las asignaturas del máster cuando eldiario.es publicó esa noticia el 21 de marzo de 2018.

Las explicaciones de Cifuentes en sede judicial "no resultaron creíbles", máxime cuando no tiene ningún documento relacionado con el trabajo de fin de máster, ni siquiera un correo electrónico: "No parece verosímil que en 2012 obviaran esta forma de comunicación (tan ágil, sencilla, rápida, accesible) y fuera todo manual", sostiene la jueza, que tampoco cree que la expresidenta madrileña lo defendiera el 2 de julio de 2012.

"Hay indicios de que doña Cristina Cifuentes no defendió el trabajo fin de máster en julio de 2012 y que, cuando se hizo pública la noticia con posibles irregularidades en su titulación, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue facilitada", concluye la magistrada.

A su juicio, fue pieza clave en la falsificación María Teresa Feito, asesora de Cifuentes que urgió a Álvarez Conde para que creara o diera instrucciones para crear los documentos que justificaran que Cifuentes había cursado el máster "con normalidad y superado todos los trámites necesarios para disfrutar del título, incluida la defensa del trabajo fin de máster".

Álvarez Conde pidió a Cecilia Rosado que ese mismo día creara una supuesta acta de defensa del trabajo de fin de máster. Ella se inventó la fecha, el título del trabajo y la composición del tribunal, y falsificó la firma de dos profesoras como miembros del tribunal, según la magistrada.

Con amenaza de represalias

Pero la jueza sostiene que la actuación de Feito fue más allá, hasta el punto de que llamó a Rosado para que redactara el trabajo de fin de máster, a lo que ésta se negó. La asesora de Cifuentes pidió a la profesora bibliografía para encargar el trabajo por otros medios y "anunció represalias en caso de que no se colaborara en la ocultación de las irregularidades".

La declaración de Rosado en la que reconoció la falsificación del acta fue "plenamente convincente" para la instructora del caso, que además se apoya en la pericial realizada por la Guardia Civil sobre el acta.

La jueza llega incluso a plantear que Rosado pudo haber obrado por "miedo insuperable", lo que la eximiría de responsabilidad. Porque la jueza tiene claro que su investigación ha permitido concluir que el "control absoluto" del máster y del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos lo tenía Álvarez Conde y "contravenir sus instrucciones tenía consecuencias nefastas para sus discípulas".

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