La Guardia Civil acredita que la Generalitat comprometió 3,2 millones para el 1-O y ha pagado la mitad

• Desvela 1,3 millones de euros más, al incluir el 'call center' del referéndum
• Insiste en que hubo una "estrategia conjunta" del Ejecutivo de Puigdemont
• El Govern debe aún 1,66 millones, según este informe remitido al Supremo

Urnas y papeletas para la votación del referéndum del 1-O.

La Guardia Civil ha acreditado en un nuevo informe sobre la presunta malversación de fondos públicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre, que la Generalitat comprometió 3,26 millones de euros, de los que ha pagado ya 1,588 millones y tiene pendientes de abono un total de 1,66 millones.

El citado informe, al que ha tenido acceso Europa Press, fue enviado por la Guardia Civil el pasado 11 de mayo al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y éste, a su vez, lo remitió el 21 de mayo al Tribunal Supremo. Ambos juzgados investigan el dinero público gastado por el Gobierno catalán en el referéndum del 1-O.

"La Generalitat abonó la cantidad de 1.688.188,05 euros y tiene pendiente de abono 1,604.848,50 euros, ascendiendo la suma total destinada al referéndum del 1-O a 3.269.236 euros", dice el instituto armado en su informe, elevando así a estos 3,2 millones de euros la cuantía de un posible delito de malversación de caudales públicos cometido con ocasión de la preparación y ejecución del referéndum del 1-O, y que sería 1,3 millones de euros superior a la que hasta ahora había calculado, ya que se incluyen los gastos de rehabilitar la nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) con el fin de albergar el 'call center' del referéndum.

Aunque en anteriores informes de la Guardia Civil ya se aportaba una cifra aproximada de cuánto habría supuesto la malversación, en este documento más reciente los investigadores exponen las cifras que se dedicaron a sufragar la campaña y el referéndum en sí departamento por departamento del gobierno que presidió Carles Puigdemont.

Para contabilizar los servicios solicitados por la Generalitat y realizados por las distintas sociedades requirientes, la Benemérita ha tenido en cuenta para hacer los cálculos sólo los gastos del Govern y no el del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o MN2S Management.

Estrategia colegiada

Según explica la Guardia Civil en su informe, "el plan no es individual, sino que ha respondido a una estrategia conjunta perfectamente diseñada consensuada por los entonces presidente y sus consejeros y que acabó por definirse tras el acuerdo del 6 de septiembre de 2017 por el que el Govern garantizó el referéndum, asumiendo de manera colegiada o a través de los distintos departamentos las contrataciones, la aprobación del gasto y las acciones político-administrativas necesarias para su ejecución y donde se reflejó textualmente que las decisiones y actuaciones serían tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del Govern y asumidas de manera solidaria".

La Guardia Civil da una especial relevancia a ese acuerdo de gobierno del 6 de septiembre de 2017 por el que el Govern de Puigdemont acordó que, "como administración electoral", asumía directamente el encargo a departamentos o unidades competentes las "contrataciones, la aprobación del gasto y las acciones político-administrativas necesarias" para garantizar la celebración del referéndum.

Hace hincapié en este documento porque, según señala el informe, la Asesoría Jurídica de la Generalitat contestó en noviembre de 2017 a un mandamiento judicial asegurando que "en ningún departamento" catalán "se habría incurrido en coste económico" en relación al 1-O.

Más de 270.000 euros en anuncios en TV3 y la radio catalana

Las conclusiones del informe apuntan a que "el Departamento de Presidencia de la Generalitat, al amparo de contratos públicos, abonó la cantidad da 2.231,40 euros (sin IVA) y tiene pendiente de abono 498.057,75 euros (sin IVA)".

Estos gastos se hicieron en concepto de servicios dirigidos al referéndum del 1-O consistentes en, por ejemplo, más de 210.000 euros para la difusión en medios del registro de catalanes en el exterior o 277.804 euros para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales como pago por la emisión de anuncios en TV3 o en Cataluña Radio.

"El Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda [dirigido por Oriol Junqueras], al amparo de contratos públicos, abonó la cantidad de 1.201,854,02 euros (sin IVA), en concepto de rehabilitación de la nave anexa al CTTI, con el fin de albergar el Call Center del referéndum del 1-0", dice también el informe.

"El DIPLOCAT ha abonado la cantidad de 315.910,29 eruos (sin IVA) y tiene pendiente de abono 52.815,78 euros (sin IVA), en concepto de servicios" para el 1-O como pagos a los observadores internacionales, así como el coste de sus vuelos y alojamiento, explica.

"El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (GTTI), dependiente del Departamento de Presidencia de la Generalitat, abonó la cantidad de 68.984,69 euros (sin IVA) y tiene pendiente de abono 64.994,0 euros (sin IVA), en concepto de creación del aplicativo 'Conectado al voluntariado" a efectos de que los ciudadanos se pudieran inscribir (online) en el voluntariado para llevar a cabo el referéndum del 1-O", apunta también.

El coste de tarjetas censales, papeletas y cartas

Además, la Guardia Civil dice haber podido determinar que ha existido un acuerdo entre la Generalitat y UNIPOST para llevar a cabo el reparto de 50.000 cartas certificadas de nombramiento de mesa y 5.346 tarjetas censales, generando un coste total de 979.661 euros (sin IVA). "El coste total se facturaría a través de cinco departamentos de la Generalitat", explica.

Fue Òmnium Cultural, presidida por Jordi Cuixart, la organización que gestionó la impresión de las papeletas, a un coste aproximado de 61.879,00 euros (sin IVA).

"Los actos de presentación del referéndum del l-O y el acto de inicio de campaña han sido abonados por el Grupo Parlamentario Junts pel Si y la Asamblea Nacional Catalana, por importe de 14.620,00 euros (sin IVA) y 95.221,72 euros (sin IVA), respectivamente", concluye el informe.