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La juez de la Audiencia Nacional imputa al exmayor de los Mossos Trapero por un nuevo delito de sedición

  • Declarará el viernes 23 de febrero por un nuevo delito relacionado con el 1-O
  • Se le acusa de diseñar un "plan para evitar actuar" a la Policía y la Guardia Civil
  • Apunta también a un posible delito de integración en organización criminal

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El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, saliendo de la Audiencia Nacional
El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, saliendo de la Audiencia Nacional. REUTERS

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha imputado al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero por un nuevo delito de sedición en relación con la actuación del cuerpo policial durante el referéndum independentista del 1 de octubre, tras la declaración la semana pasada del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

Lamela ya había imputado a Trapero y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana por un delito de sedición por los hechos acaecidos el 20 y 21 de septiembre de 2017. Lo que ha hecho ahora la titular del Juzgado Central de Instrucción numero 3 es ampliar la imputación al día del referéndum ilegal por la "total inactividad" de la policía autonómica ese día y al constatar que existió un "plan premeditado para evitar actuar".

Por ello, ha citado a declarar al exresponsable de la policía autonómica catalana para este viernes, 23 de febrero, a las 9.00 horas, en calidad de investigado. Su sustituto al frente de los Mossos tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Ferrán López, también deberá comparecer el mismo día ante la magistrada, aunque en su caso como testigo.

"Plan premeditado" de la cúpula de los Mossos

El coronel Diego Pérez de los Cobos, responsable del operativo policial durante el referéndum del 1-O, ratificó la semana pasada ante la magistrada de la Audiencia Nacional la declaración que ya prestó en el Tribunal Supremo, donde confirmó que el exmayor de los Mossos  incumplió las órdenes de evitar la celebración del referéndum y que Trapero mantuvo una actitud reacia a evitar la consulta ilegal, como así manifestó en todas las reuniones previas a ese día.

El mando de la Guardia Civil también consideró que la actuación de Trapero demuestra que no se siguieron los criterios de proporcionalidad impuestos por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas, quien había ordenado a los Mossos que impidieran la celebración del referéndum.

Según recoge la juez en su auto, "la actuación de los Mossos el día 1 de octubre fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia" y por eso "la policía autonómica también fue utilizada para controlar las acciones" de las otras Policías el 1-O.

Con esa finalidad, continúa Lamela, se diseñó ese "plan premeditado", "que procedía de la cúpula policial de Mossos d'Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluis Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico", que encabezaba el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Resalta que hasta las seis de la mañana del 1-O los Mossos "no hicieron nada para desalojar los colegios" y no adoptaron medidas para evitar que horas antes fueran ocupados por los ciudadanos. Además, "se diseñó un sistema de comunicación entre los agentes" y "sus mandos superiores que supuso una ralentización de las comunicaciones, lo que produjo, aún más si cabe, una ineficacia en la actuación".

Apunta a otro delito de organización criminal

Ante ello, y tras el testimonio de Pérez de los Cobos, Lamela cita de nuevo a Trapero como investigado después de haberle dejado en libertad con medidas cautelares -como la entrega de su pasaporte- la segunda vez que declaró, también imputado por sedición, en relación al asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre en el registro a la Consejería de Economía.

Además de imputarle un segundo delito de sedición, la juez apunta a la posibilidad de ampliar la calificación de estos hechos a un delito de organización criminal, al entender que los integrantes "de la organización han elaborado una estrategia perfectamente coordinada, con arreglo a un plan común y con reparto de papeles".

Para la juez, la finalidad "inmediata" de Trapero "estaba orientada a facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana (...) siendo consciente de que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales".

Y es que "la actuación de los Mossos no solo fue pasiva manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir también en los casos en los que miembros de la Guardia Civil eran agredidos", destaca el auto. "También fue orientada en algunos casos a obstaculizar la actuación de aquellas otras policías, y en otros, a increpar e incluso enfrentarse a alguno de los agentes", añade.

"Inactividad" de los Mossos anunciada por su propio director

Lamela observa que "la inactividad de los Mossos ya se percibía en las declaraciones públicas realizadas por el director general de los Mossos d'Esquadra Pere Soler Campins", quien días antes del referéndum dijo: "La misión de los Mossos es garantizar derechos, no impedir su ejercicio".

La conducta de los Mossos entre el 20 de septiembre y el 1-O fue "de total inactividad", "enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad", insiste el auto.

Respecto al 1-O, Lamela señala que se estableció un sistema de comunicación entre los agentes y sus superiores que "suponía varias horas desde que se hacía la consulta hasta que llegaba la contestación".

Además, se comunicaban instrucciones de forma oral o "pautas de actuación distintas o contradictorias a las escritas y contrarias" a las órdenes que dio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para impedir la votación, dejando la decisión al "ámbito de valoración del agente actuante".

La juez reclama también información sobre el dispositivo de seguridad que coordinó Pérez de los Cobos, que los Mossos identifiquen a las personas y los medios empleados para comunicarse el 1-O, y a la Guardia Civil le solicita la identidad de los mossos que hicieron actuaciones de vigilancia sobre sus cuarteles, comisarías de Policías y agentes de dichos cuerpos ese día.

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