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Caso Lezo

En libertad la exdirectora del Canal de Isabel II tras pagar la fianza

  • El nuevo juez instructor le rebajó a 100.000 euros la fianza de cuatro millones
  • María Fernanda Richmond pidió declarar para exculparse del desvío de fondos
  • Siguen en prisión Ignacio González, su hermano Pablo y Rodriguez Sobrino

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Laboratorio central del Canal de Isabel II
Laboratorio central del Canal de Isabel II.

La exdirectora del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond ha quedado en libertad poco antes de las diez de la noche después de que el nuevo juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, le rebajara a 100.000 euros la fianza de cuatro millones que le impuso el anterior instructor, Eloy Velasco, para poder abandonar la prisión.

Según han informado a Efe fuentes de su defensa, que ejerce el abogado Bernardo del Rosal, Richmond abandonaba la prisión madrileña de Soto del Real en la que ha permanecido cerca de dos meses y medio tras abonar horas antes la nueva fianza.

García Castellón ha accedido a rebajarle la cantidad exigida para poder eludir la prisión provisional, en la que se encontraba desde el pasado 20 de abril, tras tomarle el jueves declaración a petición de la propia Richmond, que pidió al magistrado poder defenderse "desde la libertad".

Richmond pidió declarar voluntariamente para intentar acreditar que su responsabilidad en el Canal no le permitía conocer las maniobras para desviar fondos del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Siguiendo sus pasos, el hombre fuerte del Canal en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino también ha pedido declarar ante el nuevo juez.

Coincidiendo con la llegada del nuevo juez, imputados en la causa que se encuentran en prisión han solicitado volver a declarar. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el hombre fuerte del Canal en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, también han solicitado declarar voluntariamentepara pedir una rebaja de las medidas cautelares. Ambos están en prisión provisional sin fianza.

Según han informado a Europa Press fuentes de la defensa, esta formulación se hace una vez levantado parcialmente el secreto de sumario de la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública madrileña, lo que le permite conocer con más detalle los fundamentos de la acusación.

Tres imputados siguen en prisión

Una vez Richmond en libertad, son tres los imputados que permanecen en prisión: Ignacio González, su hermano Pablo González -al que Velasco también impuso una fianza de cuatro millones de euros para eludir la prisión, y Edmundo Rodríguez Sobrino.

La exdirectora financiera del Canal pidió poder declarar ante García Castellón con el objeto de aclarar ciertos aspectos de su gestión, que consideraba que no había podido detallar cuando fue detenida al no estar en ese momento en condiciones para ello, dado que compareció ante el juez Eloy Velasco a las diez de la noche tras permanecer en calabozos desde las cuatro de la tarde.

Su intención con esta declaración, que se prolongó dos horas y media, fue la de concretar al juez las acciones en las que intervino con respecto a la compra irregular de la empresa brasileña Emissao, hechos por los que se le acusa de delitos de organización criminal, prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos.

En libertad bajo fianza otro acusado con los mismos cargos

Por estos mismos hechos está acusado el exgerente del Canal Adrián Martín, quien quedó en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza, y en ello se apoyó el abogado de Richmond, que pidió para su clienta el mismo trato que se le había dado "a su jefe", para solicitar una rebaja de la fianza.

El pasado junio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la prisión provisional de Richmond y no vio "desproporcionada" la fianza impuesta para eludir la cárcel, tal y como alegaba su defensa.

La Sala entendió que en su caso persistía el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas al estar investigada por "desvíos de dinero público madrileño (25 millones de dólares) que así pasaban a cuentas bancarias en terceros países con opacidad" y de este modo enriquecía "a determinadas personas" a costa de la desaparición del patrimonio del Canal.