El TSJC archiva las autoinculpaciones de catalanes por el 9N porque no ve delito ir a votar

• La participación en la consulta no constituye infracción penal
• Para que sea delito se requiere que los autores sean autoridad o funcionario
• Citan a declarar al inspector de Enseñanza y dos directores de instituto

En la imagen, colas de catalanes esperando su turno para votar en la consulta soberanista del 9N.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha resuelto archivar los escritos de autoinculpación que centenares de personas presentaron en solidaridad con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, al entender que el mero hecho de participar en la consulta del 9N no es delito.

En un auto, la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido aplicar un criterio único para las denuncias de autoinculpación presentadas por ciudadanos, en el marco de una campaña promovida por la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Esas denuncias las presentaron centenares de ciudadanos ante juzgados de toda Cataluña para autoinculparse por la celebración de la consulta, en un gesto de solidaridad con los miembros del Gobierno catalán contra los que la Fiscalía se querelló por desobediencia en la organización del 9N.

La participación en la consulta no constituye infracción penal

La sala archiva las denuncias al entender que "la simple participación" en la consulta, "consistente en depositar un escrito formulario en alguna de las urnas instaladas en diversos emplazamientos, a fin de expresar una opinión sobre las diversas opciones políticas barajadas por los organizadores, no constituye infracción penal".

El auto recuerda que no tiene "ninguna justificación abrir un proceso penal para comprobar unos hechos que, de ser acreditados, no serían constitutivos de delito".

En opinión del TSJC, la conducta confesada en las autoinculpaciones "no supone participación en ninguno de los delitos atribuidos" a Artur Mas, la consellera de Educación, Irene Rigau, y la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega, contra los que se dirige la querella de la Fiscalía.

Para que esa conducta constituya delitos de desobediencia, prevaricación o malversación, sostiene el alto tribunal catalán, se requiere que los autores sean autoridad o funcionario público o que exista algún tipo de "concierto", pero "nada de eso se desprende o sugiere" en las autodenuncias presentadas.

Además, razona la sala, las personas autoinculpadas tampoco habrían incurrido en un delito de desórdenes públicos, dadas "las circunstancias en que el llamado proceso de participación ciudadana se desarrolló efectivamente".

El Govern dice que tampoco es delito poner las urnas

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, portavoz del Govern, Neus Munté, ha valorado la sentencia y ha asegurado que si haber votado en el 9 N no es delito, tampoco lo debería ser poner las urnas.

En este sentido, ha resaltado que "votar no es delito, es algo normal en todo Estado democrático", del mismo modo que poner las urnas es, a sus ojos, normal y plenamente democrático, en alusión a la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.

Ha asegurado que desde el Govern y la ciudadanía lo tenían "muy claro" que acudir a votar no era delito.

Citan a declarar al inspector de Enseñanza

Por otro lado, el magistrado del TSJC que investiga al presidente catalán, Artur Mas, por la consulta del 9N, ha citado como testigos al inspector jefe de Enseñanza y a dos directores de instituto, uno de los cuales se negó a ceder las llaves de su centro para la votación.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado del TSJC Joan Manel Abril ha citado como testigos para el jueves 30 de julio al inspector jefe de Enseñanza, que asistió a las dos reuniones que convocó la directora territorial de Barcelona -los días 16 y el 22 de octubre-, para informar a los centros sobre su papel en la consulta alternativa del 9N.

A instancias de la Fiscalía, el magistrado también ha citado el mismo día como testigos a la directora del IES Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), donde se acogieron urnas de la consulta, y al director del IES Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que se negó a ceder las llaves del local, por lo que se tuvo que buscar un centro alternativo.

El TSJC ha citado a estos tres testigos después de que el pasado 13 de julio la directora de los Servicios Territoriales de Enseñanza en Barcelona admitiera que convocó dos reuniones con directores de instituto, y que dos inspectores de la consellería advirtieran de que algunos responsables de instituto les aseguraron que en la reunión se les pidió que permitieran la apertura de los centros para la votación.

La directora territorial de Enseñanza en Barcelona, Montse Llobet, precisó ante el juez que convocó y celebró las dos reuniones para dar información y tranquilizar a una cincuentena de directores de instituto, ante la gran preocupación que le mostraban por si incurrían en alguna responsabilidad penal si abrían las escuelas para la consulta, aunque negó que les dieran instrucciones. A las reuniones estuvo presente el inspector jefe de Enseñanza, Francesc Güell, que ha sido citado como testigo.

Reuniones con los directores

La Fiscalía sospecha que la celebración de estas reuniones contradice un escrito que les remitió la consellera de Enseñanza, Irene Rigau -también investigada en la causa por el 9N-, en la que negó que se hubieran celebrado reuniones entre los responsables de su departamento y directores de centros de enseñanza dirigidas a "determinar la manera de proceder en relación al proceso participativo" del 9N.

Por contra, los dos inspectores de la conselleria que denunciaron ante la Alta Inspección que se habían celebrado estas reuniones advirtieron al magistrado que algunos directores de instituto les informaron que la directora territorial sí que les dijo que permitieran la apertura de los centros y que, si no se querían implicar en el proceso, buscaran voluntarios para que lo hicieran.

Además, uno de los dos inspectores aseguró que algunos directores le aseguraron que en la reunión hubo presiones a los responsables de instituto, aunque no las concretó.

Uno de los inspectores remitió una carta a la directora del instituto Pompeu Fabra, el pasado 17 de octubre, en la que le advertía que, para salvar su "responsabilidad", no debía permitir el uso de las instalaciones de su centro si no recibía instrucciones concretas, por escrito, por parte de la Generalitat.

El magistrado también ha citado como testigo a la directora del instituto Pedraforca, de L'Hospitalet de Llobregat, que se negó a abrir el centro para la consulta, por lo que las urnas se tuvieron que instalar en el cercano colegio Sant Jaume, en Collblanc-La Torrassa.

En un apunte en su cuenta de Facebook, la directora de este instituto de L'Hospitalet, Dolores Agenjo, ha recriminado a la directora territorial que no dijera "toda la verdad" sobre las reuniones, porque, según su versión, sí que se dieron instrucciones a los directores para que entregaran las llaves de los centros.

El sindicato Manos Limpias ha pedido esta semana al TSJC que adopte medidas de protección para los dos inspectores que denunciaron la celebración de estas reuniones, "dadas las represalias y repudias sociales y mediáticas" que han sufrido desde que comparecieron ante el magistrado que investiga a Mas, Rigau y a la exvicepresidenta Joana Ortega por la consulta.