El Tribunal de Cuentas achaca a las CC.AA. los "importantes retrasos" en dependencia

• El plazo medio para recibir la prestación se eleva a más de ocho meses
• Más de 190.000 personas tienen reconocida la ayuda y esperan recibirla

La ley de dependencia fija en seis meses es plazo para recibir las prestación por dependencia.

El Tribunal de Cuentas atribuye a las comunidades autónomas los "importantes retrasos" en el reconocimiento de las prestaciones y la evaluación del grado de los dependientes, dentro de la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Lo asegura este organismo en las conclusiones de un informe, a la espera de alegaciones y al que ha tenido acceso Efe, y según el cual, continúan "importantes" retrasos en las resoluciones de reconocimiento de la prestación, con el incumplimiento de las autonomías del plazo de seis meses que prevé la ley.

El plazo medio se elevó entre enero de 2011 y abril de 2013 a algo más de ocho meses (246 días), un incumplimiento "especialmente significativo" en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura, en las que el periodo se eleva a más de 300 días.

Algunas autonomías no efectúan el reconocimiento de la prestación hasta que disponen de crédito suficiente para hacerla efectiva, "lo que, frecuentemente, conlleva, al margen de la retroactividad que corresponda, una importante demora adicional en su efectividad".

Si bien reconoce que en general las comunidades han conseguido reducir "significativamente" en 2012 y 2013 el número de solicitudes pendientes de resolución del reconocimiento de la prestación, éste "sigue siendo elevado".

Pendientes de recibir la prestación 190.503 personas

En este sentido, destaca que el número de personas que tienen reconocida ya su dependencia pero están pendientes de recibirla era al 31 de diciembre de 2013 de 190.503.

El 75% de los beneficiarios que están pendientes de recibir prestación se concentran en Canarias, Murcia, Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Para el Tribunal de Cuentas resulta "especialmente llamativo" el "excesivo" porcentaje de beneficiarios sin prestación de Canarias (52,74%); y en el caso concreto de Andalucía, indica que, en términos absolutos, es la que concentra el mayor número de personas en lista de espera (53.981, lo que suponen el 28,34% del total). Valora la gestión en este aspecto de Castilla y León.

"En definitiva, el incumplimiento de plazos en gestión del SAAD, que es competencia exclusiva de las CC.AA. desde la solicitud hasta el reconocimiento y ejecución efectiva de la prestación, sigue constituyendo una de sus grandes debilidades, situación que perjudica no sólo a las personas beneficiarias sino también al Imserso", subraya el Tribunal de Cuentas en el informe.

Señala que la financiación finalista de la dependencia por parte del Estado -el nivel mínimo- se ha reducido desde 2011 al pasar de 1.284 millones de euros en ese año a 1.206 en 2013.

No obstante, estima que la aportación de la Administración General del Estado se ha incrementado debido a la financiación adicional vinculada al número de personas potencialmente dependientes de cada autonomía, según la ley que regula el sistema de financiación de las comunidades de régimen común.

Esta cifra, que no es finalista, supone 2.472 millones de euros, lo que para el Tribunal de Cuentas significa que el importe de la financiación total aportada por el Gobierno en 2013 ha sido superior a la de 2011 (un 9,12% más) "compensando el incremento producido por la reducción derivada" de la suspensión a partir de 2012 del nivel acordado.

"Excesivas demoras" en el registro de datos

Afirma, además, que en la mayor parte de los casos, la información facilitada por las comunidades al Tribunal de Cuentas sobre el coste total de la aplicación de la ley se hace en gran medida "en meras aproximaciones".

Pone de manifiesto las "excesivas demoras" por parte de las comunidades autónomas, tanto en el registro de expedientes nuevos en el nuevo sistema de información del SAAD y de los datos relativos a sus trámites fundamentales.

En concreto, sólo siete comunidades registran los datos en un plazo inferior a un mes (Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia y La Rioja), de las que seis utilizan el nuevo sistema de información.