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La Audiencia Nacional imputa a ocho convocantes de la protesta ante el Congreso el 25S

  • El juez los ha imputado por un delito contra las instituciones del Estado
  • Ese delito está castigado con la pena de prisión de seis meses a un año

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a ocho personas por un delito contra las instituciones del Estado con motivo de la convocatoria de protesta que llamaba a rodear el Congreso de los Diputados el próximo martes y las ha citado a declarar el 4 de octubre.

Así lo han informado a Efe fuentes jurídicas, que han precisado que el magistrado ha adoptado esta decisión después de que los Juzgados de Instrucción de Madrid se hayan inhibido en favor de la Audiencia Nacional para que investigue una denuncia presentada por estos hechos ya que este tribunal es el competente para instruir ese tipo de delitos.

Las mismas fuentes han detallado que la denuncia se basa en el artículo 494 del Código Penal, que se refiere a " los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".

Ese delito está castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Están investigando a más personas

Por el momento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de este tribunal solo ha imputado a las ocho personas que se han identificado, aunque están investigando a más.

Según informa la coordinadora 25S, estas citaciones judiciales están llegando a las personas que han participado en asambleas relacionadas con la convocatoria de protesta del próximo martes.

"Todas las personas que han tenido la intención de informarse, incluido el ministerio de Interior, han podido saber que no pretendemos imponer ninguna alteración violenta del funcionamiento del Congreso, sino recuperar la democracia del secuestro económico que la mayoría de los partidos ha consentido", explica la coordinadora.

“No pretendemos imponer ninguna alteración violenta“

Subraya que en las asambleas se ha consensuado que será una "acción no violenta" y que "no se impedirá el paso de diputados", sino que "se llegará hasta donde lo permita la barrera policial".

Recuerdan que durante el próximo fin de semana seguirán celebrando asambleas, pero advierten del "riesgo" que supone asistir a las mismas, además de insistir en que la intención de la Delegación del Gobierno es "criminalizar" sus reivindicaciones.

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