Urdangarin y Torres ofrecen a la Fiscalía Anticorrupción un pacto para eludir la cárcel

  • Deberían reconocer los hechos y pagar 3,5 millones de euros
  • El principal escollo sería decidir quién asume la mayor parte del coste
  • El abogado de Torres confirma que ha solicitado una reunión
  • El letrado no ha precisado si baraja la posibilidad con su cliente
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RTVE.es 

Los abogados de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres han pedido a la Fiscalía Anticorrupción de manera informal mantener conversaciones para intentar alcanzar un posible acuerdo de conformidad que les exima de ir a prisión, aunque aún no se ha producido ninguna reunión en este sentido.

Así lo han confirmado a Efe fuentes del Ministerio Público que han destacado que tanto el letrado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, como el de Torres, Manuel González Peeters, han hablado en los pasillos de los juzgados con representantes de Anticorrupción con el objetivo de intentar lograr un posible pacto.

Dicho acuerdo pasaría, según lo comunicado al fiscal por los letrados, porque los imputados reconocieran los delitos investigados en la pieza del caso Palma Arena sobre el Instituto Nóos por un supuesto desvío de dinero público, que devolvieran la cantidad presuntamente malversada y aceptaran una pena de prisión de 2 años o menor para evitar el ingreso en la cárcel.

Los acuerdos de conformidad entre imputados y el Ministerio Fiscal han sido definidos por la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moreto, como una práctica "muy habitual", ya que el Código Penal prevé las atenuantes de reparación del daño -devolver el dinero- y la confesión de los hechos -reconocimiento de la autoría-.

Moreto ha explicado a Efe que si Urdangarin y su exsocio devuelven el supuesto dinero defraudado al erario público ganaría toda la sociedad y, además, se lograría en cierta medida "desatascar" el colapso de los juzgados, en este caso el de Palma de Mallorca.

Reconocimiento de los hechos

Según publican los diarios El País, El Mundo y El Periódico de Cataluña, el acuerdo consistiría en el reconocimiento de los hechos, y el pago, de forma solidaria, de 3,5 millones de euros por los daños causados a la Administración, en concepto de cubrir su responsabilidad civil.

En caso de producirse el acuerdo, la Fiscalía debería solicitar una pena inferior a dos años de cárcel, por lo que, al no tener antecedentes ninguno de los acusados iría a prisión.

De no haber acuerdo con la Fiscalía, el duque de Palma podría ser juzgado, según fuentes judiciales citadas por El País, por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental.

Según El País, Urdangarin y Torres negociarían desde hace semanas entre sí para presentar una propuesta conjunta a la Fiscalía, y el único escollo para llegar al acuerdo sería determinar quién de los dos asume la mayor parte del desembolso.

El encuentro entre los abogados de Torres y Urdangarin, por separado, con la Fiscalía puede producirse en los próximos días.

Según publica El Mundo, Anticorrupción solo se sentaría a negociar si el duque de Palma y su socio revelan dónde está todo el dinero que recaudaron con el Instituto Nóos y que supuestamente colocaron en el extrranjero a nombre de testaferros.

El diario El País también señala que han sido los correos electrónicos que Torres envió al juez, en los que Urdangarin revelaba que el rey y la infanta Cristina habrían medidado en sus negocios, los que han forzado las negociaciones de los dos principales imputados con la Fiscalía.

Todos, iguales ante la ley

Pese a que los pactos judiciales sean habituales, según los fiscales, la noticia del posible acuerdo en el caso de Urdangarin y Torres ha provocado las reacciones de partidos políticos.

El presidente balear, José Ramón Bauzá, ha valorado la posibilidad de que cualquier persona que haya defraudado devuelva a las arcas públicas "aquel dinero que se haya podido embolsar", ha afirmado que "no tiene que haber diferencias entre unos y otros" y que, si se confirman los delitos, "se tiene que devolver" lo que se haya defraudado.

No tiene que haber diferencias entre unos y otros

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha deseado que se aclare cuanto antes el caso de supuesta corrupción en el que está imputado el yerno del rey pero no ha querido entrar en las "estrategias" de su defensa porque cree que son asuntos privados sobre las que su partido "no tiene nada que decir ni objetar".

Desde el PSOE, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, se ha limitado a manifestar que "uno de los valores del republicanismo cívico es el sometimiento de todos los ciudadanos a la ley", incluido Iñaki Urdangarin.

Para el coordinador federal de IU, Cayo Lara, la justicia sería un "esperpento" si se llega a un acuerdo, y ha mostrado su deseo de que "no haya ningún tipo de 'chalaneo' entre la Fiscalía y los presuntos delincuentes en este caso, que pueden haberse llevado recursos de la Hacienda pública y de todos los ciudadanos".

Urdangarin y Torres están imputados en la pieza sobre el instituto Nóos que instruye el juez del caso Palma Arena, José Castro, y que investiga varios delitos de corrupción relacionados con los contratos públicos por valor de 5,8 millones de euros que recibió la citada institución entre 2004 y 2007 de los gobiernos balear y valenciano por organizar eventos relacionados con el deporte.

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