Los controladores denuncian una "trama" para imputarles delitos en los juzgados

• Portavoces de USCA han asegurado tener estas pruebas
• Afirman que sólo hay 300 causas de los 906 controladores en servicio aquellos dias
• Por el momento no desvelarán el contenido de dichas pruebas

Portavoces de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) han asegurado este miércoles tener pruebas de una "trama" urdida por el organismo estatal AENA para imputar delitos al colectivo, pese al archivo de más de la mitad de las denuncias contra los controladores por el caos aéreo de diciembre pasado.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, donde USCA celebra una reunión sindical, su abogado, Diego Salmerón, ha informado que, gracias a la colaboración de "personas anónimas" que les han hecho llegar "documentación importante", ahora pueden acreditar "de forma fehaciente" la existencia por parte de AENA de "una trama para desacreditar al colectivo e imputarles hechos de relevancia penal".

Salmerón y portavoz de USCA, Javier Zanón, han hecho ante los periodistas una primera intervención en la que han vertido esas acusaciones y a continuación se han negado a responder a ninguna pregunta.

Solo ante la protesta de los informadores, el abogado ha accedido a aclarar que no considera que sea el momento oportuno de hacer públicas las pruebas "por respeto a la actuación de las decisiones judiciales". Ha asegurado además que han sido archivados más de la mitad de los expedientes judiciales abiertos contra el colectivo, a raíz del presunto abandono del puesto de trabajo por parte de varios controlodares aéreos el pasado diciembre.

De los 906 controladores que estaban de servicio los días 3 y 4, según sus datos, las diligencias que siguen abiertas "no llegan a las trescientas", por lo que ha añadido que "con una operación aritmética se pueden sacar conclusiones importantes"

La juez de Madrid que investiga los hechos ha acordado citar como imputados a todos lo miembros de la junta directiva de la USCA, lo que según fuentes del sindicato afectará a su presidente, Camilo Cela, al vicepresidente, José Manuel Acevedo y al secretario general Abel Hernández.

A juicio del representante jurídico, la citación judicial "es una oportunidad para acudir a explicar lo que ocurrió".