¿Qué decidirán nuestros eurodiputados?

La primera tarea de los parlamentarios será dar el visto bueno al presidente de la Comisión y del Colegio de Comisarios. Aunque en ambos casos estos cargos son acordados por el Consejo, los nombramientos deben pasar un duro trámite parlamentario.

Aunque no es una regla escrita, se da por supuesto que el presidente es del mismo color político que la mayoría de la eurocámara y por ello se hace coincidir su nombramiento con una nueva legislatura.

En este caso, la probable mayoría del PPE y la disposición positiva de gobiernos socialdemócratas como los de España, Portugal y Reino Unido hace que el portugués Durao Barroso esté muy bien situado para repetir cargo.

Sin embargo, el improbable caso de una oleada socialdemócrata haría que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 tuvieran que elegir a un candidato de centro-izquierda.

Cosa diferente es el Colegio de Comisarios, que son elegidos uno por cada país y que pueden ser de colores políticos distintos al presidente de la Comisión y al europarlamento. Eso sí, su currículum es estudiado por sus señorías, que han tumbado a candidatos como el italiano Rocco Buttiglione.

Toma de decisiones

Aunque se creó en 1958 y empezó a elegirse por sufragio directo y universal en 1979, el papel real del Parlamento Europeo como organismo legislador se da a partir del Tratado de Maastricht, cuando se articula el procedimiento de codecisión.

La codecisión supone que la cámara tiene igualdad de poder con el Consejo de Ministros de los 27 en una serie de áreas, entre las cuales están los fondos estructurales, la protección al consumidor, la inmigración legal, la política de transportes y medio ambiente y las de justicia e interior.

Este mecanismo implica que la eurocámara puede bloquear - como hizo con la directiva de servicios portuarios y de patentes informáticas- o enmendar sustancialmente importantes directivas (como hizo con la de servicios y la REACH de sustancias químicas).

Con la aplicación del Tratado de Lisboa, la codecisión se amplía casi a todo el catálogo de competencias de la UE,  desde la energía a los derechos de autor, pasando por la protección de datos y la política espacial. Lealtades enfrentadas

Más importante aún es el papel que asume en el control del gasto, que se extiende a los gastos no obligatorios, entre los que tiene un peso específico la política agraria común (PAC).

Pese al recorte progresivo de las ayudas, el grueso del presupuesto comunitario va destinado al campo y, a partir de Lisboa, sus señorías podrán intervenir en uno de los elementos que más exacerban los intereses nacionales.

En este caso se pondrán a prueba de nuevo las dos lealtades de los eurodiputados, la nacional y la ideológica, que hace que la disciplina de voto se convierta casi en una utopía.

Nuestros eurodiputados suelen votar conjuntamente -sobre todo los de PSOE y PP- en muchas cuestiones pese a la consigna de su grupo. Por ejemplo, los socialistas votaron a favor de la directiva de retorno pese a que el PSE se oponía, el PP en contra de la jornada laboral de más de 48 horas contradiciendo al PPE).

Ahora deberán equilibrar los intereses de los lobbies agrícolas de cada país con los generales de la UE.