La Fiscalía califica lo ocurrido en Cataluña de "golpe de Estado" y ve probado que se usó la "violencia necesaria"
- Javier Zaragoza subraya que la rebelión como alzamiento violento no implica necesariamente ni "armas ni militares"
- La Fiscalía les acusa de "intentar liquidar la Constitución" y de llamar a la ciudadanía "a enfrentarse" el 1-O a la policía
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha calificado por primera vez de "golpe de Estado" lo que ocurrió en Cataluña desde marzo de 2015 hasta octubre de 2017, especialmente en el otoño de este último año con la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia, y ha considerado probado que hubo rebelión porque los acusados se valieron de la "violencia suficiente" y "necesaria" para intentar conseguir sus objetivos en este periodo "insurreccional": la derogación de la Constitución y la secesión de una parte del Estado.
El Ministerio Público ha elevado así la contundencia de su acusación contra los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo -entre ellos Oriol Junqueras, al que considera el "motor de la rebelión" junto al huido Carles Puigdemont- en la lectura de su informe final en la jornada número 50 del juicio del 'procés', que quedará visto para sentencia la próxima semana. La semana pasada ya confirmó que mantiene la petición de penas de 16 a 25 años de cárcel para los nueve acusados en prisión provisional por presunta rebelión.
La Fiscalía ha dedicado tres de las cuatro horas de su exposición a argumentar que lo ocurrido encaja con la violencia que requiere el delito de rebelión que recoge el Código Penal en su artículo 472 y que no se puede hablar de sedición -como defiende la Abogacía del Estado- porque fue "un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público". La existencia o no de violencia ha sido la piedra angular del juicio y será la clave de la sentencia en caso de que haya condena.
"Llamaron a la ciudadanía a enfrentarse" el 1-O
El fiscal Javier Zaragoza, el primero de los cuatro representantes del Ministerio Público en intervenir, ha afirmado que hubo una "violencia física, compulsiva e intimidatoria" y ha defendido que el "carácter violento de un alzamiento no implica que sea necesario ni la violencia grave ni la violencia armada. No hacen falta ni armas ni militares". Basta el uso de las "masas" y el control de los Mossos d'Esquadra para conseguir su propósito.
En este sentido, el Ministerio Público sostiene que hubo violencia por las agresiones que sufrieron los policías y los guardias civiles el 1-O con golpes, patadas, lanzamiento de piedras, etc...; por los daños que sufrieron los vehículos del Instituto Armado en la concentración de decenas de miles de personas frente a la Consellería de Economía el 20S; y en definitiva por la "intimidación" que supusieron, en su opinión, los escraches en hoteles y cuarteles y la concentración de ciudadanos en los colegios electorales el mismo día de la consulta.
Para el fiscal Jaime Moreno, "ha sido probado que, desde el 19 de septiembre de 2017 y especialmente el 1-O, hubo violencia, fue la suficiente para los objetivos trazados; sin violencia física no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios para esa hoja de ruta; los acusados sabían que esto comportaría enfrentamientos y los admitieron antes de abordar la vía unilateral y; además, llamaron a la ciudadanía a enfrentarse" con la Policía y la Guardia Civil.
"Golpe de Estado" con uso de "violencia"
Javier Zaragoza, que ha insistido en que los acusados se sientan en el banquillo por "haber intentado liquidar la Constitución (...) utilizando la violencia cuando ha sido necesario" y no por su "ideas políticas", ha definido lo ocurrido en Cataluña como "un golpe de Estado" en la terminología del jurista austriaco Hans Kelsen, que lo define como "la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales".
"Es lo que pretendían los acusados. Era derogar, suspender o modificar la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Eso es el procés". Para ello, el Govern se alzó contra el Estado "rompiendo el orden constitucional con el auxilio y colaboración de los Mossos en el momento clave y trascendente del 1-O, presupuesto imprescindible [el referéndum] para conseguir su objetivo", que era la independencia.
"La violencia generada durante todo ese periodo fue utilizada para favorecer la declaración de independencia, mediante la presentación de España como un Estado opresor y franquista a nivel internacional", ha añadido Zaragoza, que se ha preguntado qué hubiera pasado si algún país hubiera reconocido a Cataluña como estado independiente.
El representante del Ministerio Público ha señalado que el 'procés' se asentaba en "tres pilares": el Parlament con Carme Forcadell al frente para dotarlo de aparente "cobertura jurídica"; el Govern, que era el "maquinista principal" y que además de preparar el referéndum tenía la labor de crear estructuras de Estado; y las asociaciones civiles de la ANC y Òmnium Cultural a la cabeza ya que la movilización popular era "una de las armas imprescindibles para empujar todo el desarrollo".
La Fiscalía ve "violencia" en tres momentos del 'procés'
Tras la intervención de Zaragoza, el fiscal Jaime Moreno ha sido el encargado de explicar cómo fue esta "violencia" sin armas ni alzamiento militar que encaja, para la Fiscalía, en el delito de rebelión. Se trata de una violencia "suficiente" para lograr los fines propuestos teniendo en cuenta que el Govern no tenía que hacerse con el poder al contar ya con altas cotas de autogobierno y contar con una policía propia. "No es un barco que necesitaba asaltar un buque, sino un barco que le bastaba con cortar la amarra", ha añadido para ilustrarlo.
Esta violencia "necesaria" se plasmó en tres momentos, según Moreno: el 1-O por la "necesidad de cruzar el rubicón" que suponía el referéndum para la declaración de independencia; para "evitar la investigación" del juez de Barcelona que ordenó los registros, entre otros, de Unipost y Economía tocando así "la médula y el corazón" de la organización de la consulta que se vio así amenazada; y para "hostigar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". En el caso de la protesta del 20S frente a Economía, la Fiscalía ha destacado que tanto Jordi Sànchez como Jordi Cuixart fueron los "reyes y señores del orden cívico".
"Esa fue la violencia que hubo que hacer, no fue necesaria más, pero tampoco fue necesaria menos y la violencia que se usó no fue en modo alguno desdeñable", ha añadido Moreno.
La "frase lapidaria" de Trapero que Puigdemont no quiso atender
La Fiscalía ha incidido en que los acusados eran "conscientes" de que el 1-O no es que hubiera posibilidad de enfrentamientos, sino que "era seguro" que los habría porque así se lo había advertido al Govern la cúpula de los Mossos d'Esquadra y que a pesar de ello hicieron numerosos llamamientos a la participación en la consulta para que fueran estos choques, precisamente, los que evitaran que la Policía y la Guardia Civil impidieran la votación.
Moreno ha mencionado expresamente la "frase lapidaria" que pronunció el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero en la reunión mantenida con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el exconseller Joaquim Forn el 28 de septiembre de 2017, cuando se despidió diciendo que esperaba que el domingo no hubiera "ninguna desgracia que lamentar" en alusión a que hubiera algún muerto. Un comentario que fue respondido por Puigdemont asegurando que si había violencia declararía la independencia ese mismo día.
El papel de los Mossos "al lado de la rebelión"
A pesar de que el Ministerio Público ha reconocido en su informe final que la cúpula de los Mossos intentó disuadir al Govern de la celebración de la consulta, a la vez han cargado contra el dispositivo que diseñaron para el 1-O, que Javier Zaragoza lo ha calificado directamente de "montaje".
Por su parte, el fiscal Fidel Cadena ha expuesto que esta "pasividad" de los Mossos es una prueba más de que existió la rebelión. "La pasividad de los Mossos no es irrelevante. Ha sido organizada por el poder político. Si existe pasividad, eso supone planificación, disposición de un cuerpo armado al servicio de la rebelión (...) Todo un cuerpo armado que se pone al lado de la rebelión".
Malversación de fondos públicos
La fiscal Consuelo Madrigal se ha centrado en su hora de exposición en que los acusados cometieron también un delito de malversación desde el Govern actuando, en su opinión, como una "organización criminal" que ha hecho de las instituciones catalanas su "cortijo". El hecho de que la Generalitat no se haya personado como acusación como principal perjudicada es una "evidencia escandalosa" del control que, a su juicio, siguen ejerciendo los acusados sobre la actual Generalitat.
Madrigal, que ha cuantificado el desvío de fondos en 3 millones de euros, ha concluido que este "inmenso derroche de fondos públicos" no solo perjudicó a la hacienda catalana y española y supuso un "execrable ataque" a la democracia, sino que "incrementó exponencialmente los peligros y los daños de la subversión constitucional que se vivió en Cataluña" en septiembre y octubre de 2017.
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