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El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía y uno de los principales imputados en la causa judicial sobre los ERE, Francisco Javier Guerrero, ha fallecido a los 63 años por un problema respiratorio. Fue uno de los 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que recibió la mayor condena por este procedimiento: 7 años, 11 meses y un día de prisión, por un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación. También estaba condenado por la Audiencia de Sevilla a 5 años y 9 meses por contratar amigos a través de la consejería de Empleo. Estaba en libertad a la espera de los recursos presentados en el Tribunal Supremo contra ambas sentencias. Informa Javier Núñez.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha referido por primera vez a la sentencia del caso de los ERE, que afecta al gobierno socialista andaluz de la década de los años 2000, desde que se hizo pública el pasado 19 de noviembre. Preguntado en la cumbre de la OTAN, que se celebra en Londres, sobre si debe pedir perdón por dicho caso, Sánchez ha asegurado que "el PSOE ya asumió responsabilidades políticas hace tiempo", años antes, ha asegurado, de la sentencia, y ha recordado que los responsables políticos implicados en el caso dimitieron de sus cargos.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto una pieza para investigar al expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, al exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías y a varios ex altos cargos del Gobierno autonómico por posibles delitos de prevaricación y malversación al conceder unas ayudas a una empresa de Jaén. El juez atiende así la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió que incoase diligencias previas contra Chaves, Zarrías y otras trece personas para investigar las subvenciones concedidas en 1999 a la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa), luego Campocarne y Primayor.

Los cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por los ERE no ingresarán todavía en prisión, en contra de lo que pedía la fiscalía. El juez considera que no existe ningún dato adicional del que pueda deducirse la sospecha de que los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y José Antonio Viera, y los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, pudieran eludir la acción de la justicia.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular solicitaban su ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga.

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación por los ERE, considera que en torno a este proceso se ha creado "un ambiente de presunción de culpabilidad" marcado por las "presiones políticas, mediáticas y sociales" que a o largo de los años ha condicionado el proceso judicial, ya que no se ha alejado de ese "contexto".

La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a solicitar este jueves el ingreso en prisión de los cuatro condenados a mayores penas en el 'caso de los ERE': los dos exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y los los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. Todos ellos han acudido este jueves a la vista oral que se celebraba en la Audiencia de Sevilla para decidir sobre su futuro, aunque la decisión no se tomará hasta este viernes.

El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha instado a Ciudadanos a "replantearse su estrategia " y a "volver al espacio centrista" y, tanto a la formación naranja, como a ERC, les ha pedido que "faciliten lo que ha decidido la mayoría de ciudadanos" y que si consideran que hay otra vía para "desatascar" la situación que la planteen, pero "no desde el oportunismo". Puig ha defendido que lo que trata de hacer su partido es "leer los resultados electorales y tratar de encontar una solución a los problemas territoriales". Después, el presidente valenciano ha señalado la responsabilidad del PP por la situación en Cataluña, y ha señalado que la "alternativa" del PP es "la cronificación". Puig ha defendido el "diálogo" y que en cualquier caso no se trata de "una ruptura de la Constitución".