Sinopsis
El Sindicato de Inquilinas ha conseguido una victoria contra una gestora inmobiliaria, que ha conseguido que la Justicia anulara seis cláusulas que unos vecinos de Madrid consideraban abusivas. Una de estas decía que el arrendador pudiera entrar en la vivienda para comprobar su estado.
Sara Torrijos firmó su contrato de arrendamiento en 2018, que le obligaba a contratar anualmente un seguro de impago cuyo beneficiario era su casero, el fondo inmobiliario Nestar Azora, propietario de todo el bloque. Torrijos explica que "te daban el contrato con tus datos puestos, pero no podías negociar ninguna cláusula ni podías cambiar nada del contrato, si no te gustaba, te ibas".
Esta cláusula y otras cinco han sido anuladas por un tribunal de Madrid, que condena a Nestar a devolver 20.000 euros a 28 inquilinos que denunciaron a través del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
El portavoz del Sindicato, Fernando de los Santos, explica que esto no se detiene aquí. "Lanzamos este mensaje con esta sentencia de que se acabó su impunidad y que a partir de ahora vamos también a por otros fondos como Blackstone, a por la vivienda pública que es gestionada también en muchos casos por fondos buitre", ha asegurado.
Los inquilinos de otros 8 edificios propiedad del mismo fondo ya han presentado una demanda similar.
El abogado representante del Sindicato de Inquilinas, Víctor Palomo, ha sentenciado que "se inaugura una estrategia legal para que los sindicatos de inquilinas puedan pelear, puedan confrontar los abusos en sede judicial".
Por su parte, la inmobiliaria Nestar afirma que las condiciones estaban especificadas con claridad en los contratos y que recurrirá la sentencia.
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