El IPC dejará de ser la referencia para la actualización de los precios de los servicios públicos

A partir del 1 de enero se hará de acuerdo con la situación de cada sector, y sólo en algunos casos, habrá un nuevo índice de Garantía de la Competitividad, con un suelo del 0% y un techo del 2%. El cambio afectará, por ejemplo, a las facturas del agua, el teléfono, los peajes, los transportes o las tasas públicas. Las pensiones, los impuestos o los salarios públicos no se regirán por esta nueva norma.