Sinopsis
Todo lo que sabemos de nuestra historia nos lo han intentado contar los analistas, los historiadores, la prensa... especialmente, desde finales de la dictadura. Pero de algunos de los episodios más relevantes de nuestra historia aún nos falta información, casi siempre relacionada con los servicios de inteligencia. En teoría, para preservar la seguridad del país. Hay un proyecto de Ley de Información Clasificada que tiene difícil salir adelante en el Congreso, así que por el momento la ley vigente es la norma franquista de Secretos Oficiales de 1968. Ningún gobierno en democracia la ha modificado, lo que permite que haya datos ocultos... para siempre. "En España, nada se sabe de la actuación del Estado porque prácticamente todo se declara como secreto", nos dice Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional. "Queda todo por saber", añade, "por ejemplo, sobre el franquismo y sobre cómo se construyó la represión. Tampoco hay posibilidad de saber de forma muy clara y detallada a quiénes exportamos armas concretamente, en qué condiciones... si les hemos puesto condiciones de Derechos Humanos o no".
167 documentos relacionados con el 23F -todos escritos, sin fotografías ni grabaciones- fueron desclasificados en febrero pasado por el consejo de ministros coincidiendo con el 45º aniversario del fallido golpe de Estado. Investigadores y periodistas coinciden en que lo publicado ya se sabía y que hay muchos documentos por salir a la luz. Una opacidad -en torno a este y otros grandes hechos- que sigue abonando el terreno de las teorías de la conspiración. "Una sociedad realmente libre es aquella que tiene una opinión pública libre e informada. Y si los medios de comunicación tienen prohibido el acceso a esa información, pues el oscurantismo es absoluto", apunta Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia. "Tenemos una tarea pendiente como país, como democracia, que es la de regular. Y uno de los fallos del comienzo de la transición es que se destruyeron muchos archivos... que eran pruebas de cargo", afirma Enrique Barón, testigo directo de aquel 23 de febrero de 1981 como diputado del PSOE. José Manuel García-Margallo, entonces diputado de UCD, concluye que "aquí lo que hay que combinar siempre es la protección de la seguridad del Estado con la transparencia y la libertad de expresión. Y es un equilibrio delicado".
