Sinopsis
"Yo, desde que me dijeron que tengo un cáncer de mama, estoy muerta en vida. ¿Me podían haber evitado que me quitaran un pecho?". Es la pregunta que se hace Anabel Cano desde que le confirmaron la mala noticia, en diciembre pasado. Se hizo una mamografía en 2023 y, ya entonces, un radiólogo "vio algo que necesitaba otras pruebas", cuenta. Pero ese otro chequeo no se lo hicieron hasta un año después. Su nerviosismo y su tristeza es evidente horas antes de entrar en el quirófano para que, finalmente, le quiten un pecho. No es la única que ha vivido con angustia la incertidumbre. "Nosotras llevamos tres años reclamando los retrasos", dice Ángela Claverol, presidenta de la asociación AMAMA, que ha liderado las protestas desde que surgió el escándalo, a finales de septiembre. Hasta entonces, no había saltado ninguna otra alarma.
Los fallos detectados en el cribado del cáncer de mama en Andalucía afectan, de entrada, a más 2.000 mujeres. Las tienen que volver a llamar, pero muchas siguen sin tener noticias del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, según la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama. La Junta de Andalucía intenta salir del paso con un nuevo protocolo con el que, de entrada, van a repetir las pruebas a las afectadas. Sigue sin saberse dónde estuvo el error, dónde se perdieron las ecografías no concluyentes o quién es el responsable final. "Vamos a sumar iniciativas en un plan integral, con más de cien millones de euros de inversión, que significará la contratación de 705 nuevos profesionales", anunciaba hace unos días el consejero de Presidencia Antonio Sanz, que ha asumido las competencias de Sanidad en su Comunidad. Cada vez hay más voces que denuncian que el problema es estructural, el que sufre el sistema sanitario público. Por el momento, la Fiscalía ya ha tomado cartas en el asunto tras las primeras denuncias presentadas y, de oficio, la oficina del Defensor del Pueblo.
