La OCU denuncia "inseguridad jurídica"

El portavoz de la OCU, Enrique García, denuncia como "bochornosa" la decisión del Tribunal Supremo que obliga a los hipotecados a asumir un gasto de entre 2.000 y 3.000 euros por el impuesto de actos jurídicos documentados. Critica que la Sala ha rectificado una sentencia en un tiempo récord de 21 días y que este cambio de criterio supone inseguridad jurídica. Avanza que es probable que el Tribunal de Justicia de la UE rectifique la decisión del TS. García señala que si el artículo 68 del reglamento tributario era nulo el 16 de octubre ahora también debería serlo y considera que la Justicia sufre "falta de credibilidad" por situaciones como esta. La OCU pide que se elimine el impuesto de actos jurídicos documentados y que se corrijan los abusos en una nueva ley hipotecaria.