Santamaría en el Consejo

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que los cargos públicos que falseen las cuentas públicas y oculten datos contables causando un perjuicio económico a la Administración tendrán una pena de cárcel de entre uno y cuatro años, además de una inhabilitación de hasta diez años. Así lo ha dicho en la conferencia de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros en el que se ha aprobado definitivamente el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que regula las infracciones de los cargos públicos en materia de gestión económica y presupuestaria, y que ahora se remitirá a las Cortes.