Hablamos con Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo
La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas ha supuesto, según Joaquín Pérez Rey, "un acto de gran felicidad para el Ministerio de Trabajo" y ha beneficiado a más de dos millones y medio de personas. El secretario de Estado ha subrayado que el Gobierno "ha subido un 66% el salario mínimo" desde 2018 y que lo ha hecho en línea con las recomendaciones de los expertos y los compromisos internacionales. Sobre la ausencia de la patronal por sexta vez consecutiva, ha asegurado que el Ejecutivo "se ha dejado la piel durante semanas" para lograr un acuerdo y ha defendido que la negativa empresarial "nada tiene que ver con la economía, con la marcha del empleo y con la dignificación de las condiciones de los trabajadores".
Pérez Rey ha respondido a las críticas sobre el impacto en las empresas recordando que "no conozco a ningún empresario de ningún sitio del mundo que pague una nómina por amor al arte" y ha insistido en que las compañías atraviesan un momento de beneficios récord. A su juicio, "subir el salario mínimo un 3% es algo que las empresas de este país pueden permitirse" y no acompañar el acuerdo ha sido "un grave error que tiene que ver más con condicionantes políticos que con representar seriamente a las empresas españolas". Además, ha defendido que si los trabajadores no tienen capacidad de consumo, tampoco la tendrán autónomos y pequeños negocios.
El secretario de Estado ha destacado que la medida ha tenido efectos “netamente positivos” sobre el empleo y ha remarcado que el perfil del beneficiario ha sido el de "una mujer joven y muchas veces con empleo precario", lo que ha contribuido a reducir la brecha de género y la pobreza laboral. "Hoy en España le hemos asestado un golpe frontal a esa figura insólita, que es el trabajador pobre", ha afirmado, al recordar que el SMI ha pasado de 700 a 1.221 euros. También ha celebrado que el nuevo salario mínimo haya quedado exento de IRPF porque, a su juicio, "la justicia fiscal no empieza por quien menos tiene, empieza por quien más gana", y ha asegurado que España se ha situado ya entre los países europeos con salarios mínimos más altos, aunque todavía ha quedado margen para converger plenamente con las economías del entorno.
