Al crearse hace dos semanas la Conferencia sectorial de la Cooperación al Desarrollo –que reúne desde el gobierno hasta los municipios, pasando por las Comunidades Autónomas- se completa la reforma iniciada con la segunda legislación en este campo en 40 años, la Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, aprobada por amplio consenso hace dos años, y que ha dado lugar a un plan de acción de tres años; dos estatutos; y dos leyes relativas a financiación, para adaptar el sistema al volátil contexto mundial y al firme compromiso de la Agenda 2030, al establecer un marco centrado en la eficacia, la transparencia y la agilidad, nos detalla Eva Granados, la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional (SECI).