Guatemala no tiene una Ley de Aguas aunque en los últimos 40 años han sido presentadas más de 20 iniciativas al Congreso. Una ley muy necesaria porque, a pesar de que la disponibilidad hídrica anual per cápita supera el umbral propuesto por la ONU, el 90 % de sus aguas superficiales están contaminadas y el 40 % de su población no tiene acceso a agua corriente dentro de su casa, lo que supone graves riesgos para su salud. Una situación que afecta, principalmente, a las comunidades indígenas. Son datos que recoge el informe "Sin agua no somos nada", de Human Rights Watch del que nos habla Juanita Goebertus , directora de la División de las Américas. El gobierno ha presentado un nuevo Proyecto de Ley que debe ser votado a partir de enero de 2026. Un reportaje de Teresa Montoro.