Las dilaciones judiciales han sido determinantes en las penas impuestas a los proxenetas y empresarios que abusaron de menores en situaciones de vulnerabilidad en la región. La trama fue desmantelada en 2015. Ninguno de los 13 acusados, que han reconocido los hechos, irá a prisión aunque sí tendrán que pagar a las víctimas indemnizaciones que oscilan entre los 500 y 2000 euros, según cada uno.
El gobierno murciano, por otra parte, insiste en que hay motivos para convocar la Conferencia de Presidentes.. Así se ha pronunciado el portavoz Marcos Ortuño tras conocerse que el Supremo ha admitido el contencioso presentado por la Comunidad, y otras autonomías, contra Pedro Sánchez por innacción al no citar a los jefes de los ejecutivos autonómicos..
