En nuestra serie de “Conversaciones con José María Brunet” contamos hoy con la participación de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano (Madrid, 1949), que acumula casi cinco décadas de servicio en el sector público. La hemos invitado con el propósito principal de que nos ayude a conocer mejor la labor de una institución que no suele estar en los grandes titulares, pero que tiene responsabilidades muy relevantes para garantizar el buen funcionamiento de las administraciones. Se trata, en primer lugar, de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado. Y en segundo término de fiscalizar también la actividad económico-financiera de los partidos políticos, así como la de las fundaciones y demás entidades vinculadas a ellos. Hablamos sobre cómo se desarrolla esa tarea de control, de sus límites y compatibilidad con la actuación de otras instituciones que deben velar por la transparencia y el buen uso de los fondos públicos, en un momento en que de nuevo repunta la preocupación por los episodios de ineficiencia en el gasto o directamente por los casos de corrupción. Hablamos, en este sentido, de qué diferencia la labor del Tribunal de Cuentas de la que desarrolla, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción, de cuál es la función que les corresponde para investigar y en su caso sancionar las responsabilidades derivadas de un uso irregular del dinero público. También de la posibilidad de cambios legislativos que faciliten la labor que el tribunal –dependiente de las Cortes Generales- tiene encomendada. Enriqueta Chicano conoce bien todos estos extremos, puesto que su tarea profesional se ha venido desarrollando en el Tribunal de Cuentas desde 1997, después de ejercer otros cargos públicos en los Ministerios de la Presidencia o Fomento, siempre en estrecha relación con el Parlamento y con la defensa del derecho a la igualdad y contra la violencia de género, desde la Federación de Mujeres Progresistas, que presidió, y del Consejo Rector del Instituto de la Mujer.
