El Ayuntamiento de Zamora es el único de Castilla y León que aún no ha redactado una ordenanza que regule su futura Zona de Bajas Emisiones, está obligada a hacerlo antes de final de año. El consistorio asegura que el proyecto está muy avanzado y que llegará limitará el tráfico en los próximos meses, sino se arriesga a perder subvenciones a la movilidad urbana.
Unas 150 ciudades de España superan los 50.000 habitantes y por tanto están obligadas a implantar una Zona de Bajas Emisiones antes de final de año. Casi dos terceras partes no la han puesto en marcha. Los Ayuntamientos se arriesgan a perder o devolver miles de euros de subvenciones europeas para poner en marcha la limitación del tráfico, o incluso ayudas estatales para bonificar el transporte urbano.
Zamora es la única de Castilla y León que no tiene redactada una ordenanza que limite a los vehículos más contaminantes. El Ayuntamiento solo tiene un borrador del proyecto. La señalización y cámaras las tienen pero requieren de la ordenanza para instalarlas.
El Ministerio de Transportes amenaza con sancionar y exigir la devolución de fondos que no hayan sido ejecutados antes de 2026. El consitorio zamorano habría recibido más de 1,2 millones de euros europeos para la peatonalización de algunas calles. Ya están ejecutados y por eso espera no tener que devolverlos. Intentarán acelerar los plazos para llegar a diciembre, porque según contaban, no era una prioridad durante este mandato, es decir, al menos hasta 2027.
Pablo Novo, concejal responsable de la zona de bajas emisiones, asegura que solo quedaría la ordenanza que señalice y limité el tráfico, pero que deberá pasar por el consenso de vecinos, comercios y otros grupos políticos. Con todo ello, intentarán justificar al Ministerio que ya tienen lista la Zona de Bajas Emisiones o al menos lo suficientemente avanzada para pedir una prórroga para su implantación.
