Analizamos la polémica creada por la decisión del Gobierno de Angola de prohibir el credo islámico y la posible demolición de todas las mezquitas. La Organización para la Cooperación Islámica, que agrupa a 57 países musulmanes, ya ha puesto el grito en el cielo por la medida, que este organismo ha calificado de escandalosa, y ha pedido a la ONU y a la Unión Africana que se opongan con firmeza a ella por condiderarla una flagrante violación de los derechos y libertades fundamentales. En cualquier caso, los musulmanes no son los únicos afectados por esta decisión del Gobierno angoleño. La prohibición afecta también a todas las comunidades religiosas que no alcancen un mínimo de 100.000 practicantes y que, por tanto, según las leyes del país, no tienen derecho a realizar actividades de culto.
