El Gobierno ha anunciado este viernes su intención de modificar la Constitución para que recoja el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En el informativo '24 Horas de RNE' hablamos con Itzíar Gómez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional. "La ley que tenemos en España es muy buena, pero las políticas públicas, que son más competencia de las comunidades autónomas, dificultan en muchas de ellas el ejercicio del derecho. Por eso, llevarlo al texto constitucional supone elevar la consideración y ponerlo al mismo nivel que otros, como el de la libertad religiosa".
Gómez nos explica cómo se podría blindar este derecho en la Carta Magna. "Sería más fácil modificar la Constitución si metiéramos el derecho entre los principios rectores, pero esta no es la mejor opción. Si quisiéramos incluirlo entre los derechos fundamentales, sería necesaria una reforma que llamamos agravada de la Constitución". La profesora de Derecho Constitucional asegura que colocar un derecho entre los principios rectores "no garantiza en absoluto que se movilicen las políticas públicas suficientes". Apunta que tenemos un bloqueo de muchos hospitales públicos para poder abortar y explica que el Ministerio de Sanidad no tiene datos suficientes: "Si esto sirve para que el Gobierno se movilice y recupere los datos que necesitamos valdría al menos para eso".
