El Gobierno propone una reforma para dar seguridad jurídica a las medidas de las comunidades contra la pandemia

• El objetivo del Ejecutivo es atribuir competencias a las administraciones y priorizar la tramitación
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El Gobierno propone una modificación para reforzar la seguridad jurídica de las medidas contra la pandemia

El Gobierno ha propuesto al resto de Grupos Parlamentarios una modificación normativa que ayude a mejorar la seguridad jurídica de las medidas adoptadas por Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para hacer frente a la pandemia de coronavirus, que afecten a derechos fundamentales.

La iniciativa del Gobierno busca facilitar la adopción de posibles medidas limitativas por parte de las autoridades sanitarias autonómicas y locales, evitando, así, situaciones como la vivida este martes en la Comunitat Valenciana, donde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de València ha anulado la resolución de la Conselleria de Sanidad para confinar la localidad valenciana de Benigànim al considerar que "no supera el juicio de proporcionalidad" en cuanto el sacrificio de derechos fundamentales "no se justifica por la gravedad de la situación actual, que no está acreditada".

También ocurrió unas semanas antes en Madrid, donde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la capital anuló la orden de la Comunidad que prohibía fumar en espacios públicos sin distancia de seguridad o el cierre del ocio nocturno, entre otras medidas contra el coronavirus al no haber sido recogida previamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entender que limitaba los derechos fundamentales sin la declaración de un estado de alarma.

Atribuir competencias a los TSJ y priorizar las tramitaciones

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han anunciado esta propuesta que consiste en reformar la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa con cuatro objetivos.

En primer lugar, atribuir la competencia a los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma, en lugar de los Juzgados de los Contencioso-administrativo, para las medidas de carácter general. En segundo, dar preferencia a la tramitación de estas autorizaciones o ratificaciones. Tercero, establecer un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación. Y, por último, incorporar la participación del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos.

"Esta propuesta normativa se articularía, previo acuerdo con los Grupos Parlamentarios, mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia", detalla un comunicado emitido por el Ejecutivo. "Dicho proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara, pasará al Congreso para ser ratificado, lo que permitiría su entrada en vigor en un plazo muy breve", añade